Gonzalo Anti New World Order


Ley Antiterrorista “Para Todos”

Jueves, 01 de Diciembre de 2011 – El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un nuevo proyecto de “ley antiterrorista” que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos.

(Nota con AUDIOS)

Nuevo proyecto de Ley sobre actividades terroristas.

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina – La aparición de este proyecto pasó desapercibida, porque solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle  entrada en el parlamento con las firmas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de su Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Así sucedió a mediados de 2007 con la ley 26268, presentada también por el Ejecutivo kirchnerista y sancionada en tiempo record bajo la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta norma ya había modificado el Código Penal agregando dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

Al igual que entonces, la figura del GAFI empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de “país confiable” para recibir inversiones internacionales.

El gobierno fue allanando el camino porque precedieron a la presentación de este proyecto cientos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado para “combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.”, según se señala en su página.

En el sitio web también se pregunta: “¿Qué se entiende por terrorismo?” Y se responde que “a la fecha, ninguna convención internacional ha podido insertar una definición unívoca del término”. Esta indefinición es la base sobre la que se pretende imputarle a diferentes actos el calificativo de terroristas, tanto en la ley vigente como en el actual proyecto.

¿Qué trae de nuevo este proyecto? Deroga los artículos 213 ter y 213 quater de la ley anterior e incorpora a la parte general del Código un agravante para cualquier delito penal. Por lo tanto, se considerará como terrorista el delito que tipificado en el Código Penal sea cometido “con finalidad terrorista”. Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista.

La “finalidad terrorista” se desprende del articulo propuesto como 41 quinquies, que dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.

En el tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación al que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”. Por lo cual podría configurarse este delito en el marco de una campaña de solidaridad financiera a los presos políticos mapuches chilenos que están acusados en su país de terroristas.

Curiosamente, o no,  la idea de generalizar como posibles actos terroristas a cada uno de los delitos del código, sumado al alcance de la ley mas allá de nuestras fronteras, fue la misma que inspiró a un proyecto que, con las firmas de representantes de la “oposición”, ingresó el 15 de julio del año pasado a la Cámara de Diputados (1)

Hoy este proyecto aparece en un contexto de: miles de luchadores sociales procesados por delitos tipificados en el Código Penal (entre los que se destacan la usurpación y el corte de calles/rutas, entre otros), aumento en el nivel de movilizaciones por trabajo y salario, contra la precarización laboral, para frenar el avance de las industrias extractivas contaminantes y el desalojo de campesinos para plantar soja. Se agregan ocupaciones de tierras para vivienda y de espacios públicos con acampes, cortes de calles y rutas. Sumado a esto han venido las advertencias de la presidenta en cuanto a los límites que deben tener los reclamos de los trabajadores para no “boicotear” a la Argentina y su sugerencia de no cortar calles sino de que el “marchódromo” sea solo la Plaza de Mayo.

Todas estas medidas de lucha se encuadrarían en el objetivo de obligar a las autoridades nacionales y extranjeras (marchas de solidaridad con los estudiantes chilenos, por ejemplo) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. “Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados”, afirma la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) en un documento.

Tratando de resguardar ciertas formas, uno de los párrafos que precede al articulado, dice que  “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, (…) no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional (…). En ningún caso, la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos humanos”.

Al respecto Martín Alderete, abogado de la CADEP, afirmó que “esto es una cuestión retórica porque el ejercicio de cualquier derecho constitucional hace inviable la aplicación de un delito”. Y dio como ejemplo el caso de una huelga – ejercicio de un derecho constitucional – y en ese marco la ocupación de la fábrica: “Tampoco estoy cometiendo un delito de usurpación porque estoy ejerciendo un derecho constitucional. Sin embargo las causas de los compañeros procesados son justamente por ejercer derechos constitucionales. Y sin embargo están procesados”.

Con este proyecto de ley se podrían criminalizar a vecinos que cortan la calle porque se les cortó la luz y, si se considera que esa protesta es violenta se le aplica ese agravante”, agregó.

Lo que ha trascendido es que este proyecto no entraría en las sesiones extraordinarias de diciembre. Sin embargo, en 2007 los pasos por las comisiones y por ambas cámaras del Parlamento fueron fugaces y se aprobó casi sin discusión y sin que nadie se entere. Por otra parte, a partir del 10 de diciembre el kirchenirsmo tendrá mayoría propia y parte de la oposición viene de haber aprobado el anterior proyecto sin poner demasiadas trabas.

Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer pública la existencia de este proyecto.

AUDIOS Entrevista a Martín Alderete en el programa Al Oeste-FM En Tránsito 93.9-Castelar (Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini).

Contenido del proyecto de ley antiterrorista.

Alcances del delito de financiación del terrorismo.

Supuesto resguardo de derechos constitucionales.

Notas relacionadas:

(1) Ley Antiterrorista – Segunda Parte.

Investigación de Red Eco “El Mismo Terror- El Terror Mismo”
.

Nuevo proyecto de Ley sobre actividades terroristas.

Fuente 1: Red Eco Alternativo

Fuente 2: 1984

Anuncios

Duras críticas a propuesta de gobierno chileno de penalizar protestas sociales

Piñera y su gran mentor

03 de Octubre de 2011 – Luego que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciara que su gobierno impulsará una reforma del Código Penal, que tendrá como objetivo endurecer las penas contra quienes encabecen medidas de fuerza, varios sectores manifestaron su oposición a la iniciativa.

El mandatario explicó que se intenta más dureza en las penas a quienes “agredan a Carabineros en manifestaciones públicas”, además de establecer como delito “la ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, entre ellos, colegios, liceos, universidades, viviendas y recintos comerciales, industriales, y religiosos.

Si la reforma es aprobada por el Parlamento chileno, quienes incurran en estos hechos podrían ser condenados entre 541 días hasta tres años de cárcel.

Estamos haciendo lo correcto, proteger a los inocentes y condenar a los delincuentes; los vándalos, los encapuchados nunca van a tener la última palabra en nuestra sociedad”, declaró Piñera, en referencia directa a las masivas movilizaciones estudiantiles que desde hace cuatro meses se llevan adelante en todo el país, en demanda de la gratuidad de la educación.

Después del anuncio, las voces contra la iniciativa se acrecentaron, como el caso del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, que sostuvo que esa medida “criminaliza el movimiento” de estudiantes.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Aldo Cornejo, afirmó que el proyecto es “una respuesta inadecuada a los problemas que hoy vive el país”.

El gobierno se equivoca si pretende resolver los problemas estructurales de la educación, metiendo a la cárcel a los estudiantes. Obviamente el camino es el diálogo, las propuestas constructivas y no la represión”, aseveró el legislador.

Cornejo agregó que los ciudadanos saben la política del gobierno en materia de seguridad ciudadana “ha sido un fracaso, que las cifras han aumentado y que, además, existe un clima de descontento social producto de numerosas promesas incumplidas”.

Por su parte, el integrante de la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), Sebastián Farfán, calificó la iniciativa oficial como algo “negativo”.

La medida daña aún más las confianzas y perjudica el diálogo fructífero de las mesas (con el gobierno) porque los compañeros que están se preguntan si de verdad hay voluntad para avanzar o hay más empeño en desarticular al movimiento. Esto confirma nuestras sospechas”, explicó el dirigente estudiantil.

A su vez, la referente de la Universidad de La Serena, Laura Palma, expresó que el Ejecutivoestá desesperado por controlar la efervescencia porque más que querer solucionar el problema de fondo quieren terminar con las marchas y el conflicto”.

Para el presidente de la Federación de Estudiantes Chilenos (Feuc), Giorgio Jackson, la medida “responde solamente a la lógica de revisar el síntoma y no revisar la enfermedad. Se está haciendo una mirada superficial del tema”.

El próximo miércoles se espera una nueva reunión entre las federaciones estudiantiles y el Ministerio de Educación, donde se seguirá debatiendo sobre la gratuidad del sistema educativo que, en la actualidad, es uno de los más costosos y excluyentes a nivel mundial, según las denuncias de estudiantes y profesores y de estudios de especialistas en la materia.

Fuente: Aporrea.org

Artículos relacionados:

Niños de 3 años “racistas” u “homofóbicos” estarán en una base de datos de la policía

Por Paul Joseph Watson

Más de 30.000 escolares británicos, algunos de tan sólo tres años, han sido registrados en una base de datos del gobierno y marcados como “racistas” u “homofóbicos” por insultar en el  patio de recreo, las infracciones podrían afectar a sus futuras carreras.

Traducido por chemtrailsevilla.wordpress.com

Las escandalosas cifras se dieron a conocer después de que el Club Manifiesto, un grupo en defensa de las libertades civiles hiciera una petición por incumplirse la Ley de Libertad e Información, debido a que  niños que se burlan de menores están siendo tratados como criminales de pensamiento por las autoridades educativas.

34.000 casos de “racismo” en total se reportaron en el período de 2009-2010, poniendo en una base de datos a niños de escuelas infantiles por el uso de las palabras “gay” y “lesbiana”. Un niño que llamó a otro “cabeza de brócoli” fue informado  a las autoridades. Otros casos incluyen a un niño que utilizó la palabra “Gaylord,” (afeminado)  mientras que otro  le dijo a un maestro “este trabajo es gay”, también fueron agregados a la base de datos.

La mayoría de los casos notificados son de niños de primaria.

“El registro puede pasar de primaria a secundaria, o cuando un alumno cambie de escuela”, informa el Daily Mail.

“Si se le pide a la escuela la referencia de un alumno para un futuro empleo o entrar en la universidad, el registro podría ser utilizado para ello, es decir, los incidentes tiene el potencial de deteriorar a un niño de por vida”.

Este es un claro ejemplo de cómo las leyes de delitos por odio han sido descaradamente secuestrado por el Estado para que los niños estén institucionalizados en bases de datos de criminales a una edad temprana. El Estado dicta lo que tu hijo puede pensar y decir, es la policía del pensamiento con esteroides.

Orwell habló sobre el estado de la reducción del lenguaje a través de la neolengua en su libro 1984. Mediante la eliminación de las mismas palabras que salen de la boca de los niños e imponerles sanciones por tener ciertos pensamientos, todo el pensamiento crítico es en última instancia, abolido y el Gran Hermano asume el supremo poder de dictar la realidad – una dictadura sobre nuestras propias mentes.

Fuente 1: Infowars

Fuente 2: Infoguerras

Fuente 3: Movimiento Anti NWO

Artículo relacionado:

Hacia la criminalización del ciudadano ordinario

Asistimos actualmente a un inquietante desliz del Derecho penal. Varias leyes tienden a un mismo objetivo: condenar al ciudadano ordinario a sanciones de encarcelamiento, mismo si no ha cometido ninguún crimen…

La criminalización de la vida cotidiana

Mientras el “mundo de arriba” beneficia de una impunidad sin limite por sus crímenes financieros, económicos, ecológicos o sociales, el “mundo de abajo” esta sometido a un control incesante y a una represión desproporcionada en relación con sus actos.

Desde hace 2 años en Francia, las nuevas leyes han aparecido simultáneamente en los países occidentales: su objetivo es que el ciudadano ordinario se convierta en condenable a la carcel por actos de la vida cotidiana.

Cárcel para los padres cuyos hijos no van al colegio.

Cárcel para aquellos que no compran su billete de tren.

Cárcel por exceso de velocidad. (Al principio del mes de Diciembre, un automovilista fue condenado a 2 años de cárcel sin derecho a libertad condicional, por un simple exceso de velocidad, sin haber causado accidente).

Cárcel si usted causa la muerte de un tercero en un accidente de carretera (10 años de cárcel, es decir una sanción de reclusión mayor que para otro tipo de condenas pronunciadas o realmente ejecutadas como en el caso de violencia premeditada, violaciones, actos de tortura, o asesinatos).

Cárcel si uno de los suyos que le acompañaba muere a causa de su error en el manejo de su coche.

Cárcel para los excluidos del sistema económico, mendigos o squatters…

En el Nuevo Orden que se instaura actualmente sin suscitar una verdadera oposición, el ciudadano ordinario del mundo de abajo será sometido a una viligancia electrónica permanente, una opresión permanente, y un miedo o temor omnipresente. Por que quien siembra el miedo cosecha el sometimiento.

La invención del concepto de “peligrosidad”

Desde hace una decena de años, los medios de comunicación social han introducido progresivamente una palabra y un concepto que no existían antes: la “peligrosidad” (y/o problema de seguridad). Tal como George Orwell lo había previsto en su libro “1984“, la introducción de nuevas palabras o la supresión de palabras antiguas en el lenguaje son un medio poderoso de manipulación de las mentes.

En vez de referirse simplemente de “peligro“, los medios de comunicación han inventado (o más bien “retomado“) este concepto de “peligrosidad“. La idea es que mismo si algo o alguien no es realmente y objetivamente peligroso, él podría serlo potencialmente. La apreciación del peligro potencial siendo de orden subjetivo, todo inocente se vuelve potencialmente culpable.

Un desliz inquietante del Derecho

Una vez que los medios han preparado el terreno e introducido este nuevo concepto, los gobiernos han creado nuevas leyes y nuevos delitos basados sobre las nociones jurídicas ambiguas. Es así que se ha creado penas de cárcel por la “puesta en peligro de terceros“. En virtud de esta ley, una persona puede ser encarcelada mismo si ella no ha causado ningún daño real a otro.

Gracias al pretexto del 11 de Septiembre, una etapa suplementaria ha sido franqueada en los Estados Unidos con el principio de “detención preventiva“. En materia de terrorismo, usted puede ser encarcelado por una duración ilimitada (sin juzgamiento y sin limite de plazo para su juzgamiento), si pensamos que usted “podría” cometer un acto de terrorismo. Por ejemplo, poseer libro sobre ecología puede hacer suponer que “podría” cometer actos de terrorismo ecológico. La noción de acto terrorista puede ser así extendido a hechos queno tienen nada que ver con el terrorismo.

Este desliz inquietante del Derecho consiste en la señalización de las INTENCIONES y no de los ACTOS.

Es absolutamente contrario al estado de derecho, a la democracia, y a los derechos más elementales del hombre. La penalización de los actos o de las intenciones es exactamente lo que diferencia la democracia del fascismo.

La penalización de las intenciones es el instrumento jurídico que va a permitir a los Amos del Mundo para pasar a la próxima etapa de su plan: encarcelar personas por sus opiniones.

Fuente 1: Estrategias Planetarias

Fuente 2: 1984