Argentina: DuPont tenía 140 trabajadores en condiciones infrahumanas

Pioneer, una firma de la multinacional estadounidense, los hacía realizar tareas de desflore de maíz en condiciones de servidumbre. Los peones, que tomaban el agua del campo y no tenían luz eléctrica, provenían de Santiago del Estero.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó ayer un nuevo caso de trabajo esclavo en un establecimiento rural de Córdoba, donde 140 personas realizaban tareas de desflore de maíz en condiciones infrahumanas.

Los empleados rurales fueron contratados por la empresa de servicios eventuales Adecco Specialities SA, para Pioneer Argentina SRL, propiedad de la multinacional de origen estadounidense DuPont. A partir del descubrimiento de esta situación, la AFIP presentará hoy una denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.

Los trabajadores, en su mayoría provenientes de Santiago del Estero, se alojaban en mínimas cabañas construidas con chapa, no disponían de luz eléctrica, tomaban la misma agua que se utiliza para el riego de los campos y se veían obligados a usar baños sin puertas.

Funcionarios de la AFIP, acompañados por Gendarmería Nacional, ratificaron esta situación ayer al mediodía en el establecimiento agropecuario El Espinillo, ubicado en el Paraje Monte del Rosario de la provincia de Córdoba, cuando cumplían con la orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3.

El director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, explicó a Tiempo Argentino que previamente a la inspección se realizó un trabajo de investigación del caso y se informó al Ministerio de Trabajo de Córdoba y al juzgado para que se libre la orden de allanar.

«La etapa de relevamiento es la última y por ende la más difícil de todo el proceso. Hay que actuar con cautela porque cualquier filtración puede devenir en el levantamiento del campamento«, puntualizó Sánchez.

Después de recorrer 40 kilómetros a campo traviesa, el personal de la AFIP sorprendió a los trabajadores cuando se encontraban en el horario del almuerzo.

«Si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, y en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra«, definió el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para referirse a la situación con la que se encontraron los funcionarios al arribar al complejo.

Sánchez informó que se relevó a 158 personas, de las cuales 140 realizan tareas de desflore de maíz y 18 tareas vinculadas al mantenimiento de los cultivos y preparación de la tierra. Los trabajadores en situación de esclavitud no estaban contratados directamente por Pioneer Argentina SRL, la empresa de la multinacional DuPont que requería sus tareas, sino que eran tercerizados a través de la empresa de servicios eventuales Adecco Specialities SA.

Los empleados rurales describieron al personal de la AFIP sus tareas y las condiciones infrahumanas a las que se eran sometidos todos los días. Uno de los ejemplos de la precariedad de la situación es la alimentación que recibían quienes trabajan en el lugar. El contratista les proveía una sola vez al día la mercadería con la que preparaban su comida y en las cenas sólo contaban con sobras del almuerzo, que en muchos casos eran simplemente huesos de la carne consumida.

Además, los empleados no tenían luz eléctrica y habitaban cabañas de aproximadamente 2,20 metros de altura por 1,50 metros de ancho, construidas sobre la tierra con chapas y sin ningún tipo de aislante térmico, ni protección contra alimañas e insectos.

En el interior, a cada lado de la puerta de acceso, disponían de tres cuchetas. La primera de ellas a 30 centímetros del piso de tierra y separadas por unos 40 centímetros de altura de la que le sigue hacia arriba, por lo que la última quedaba a 40 centímetros del techo. En algunos casos se observó que los trabajadores colocaban pasto sobre las chapas para disminuir el efecto de los rayos solares.

El agua que se les proveía para consumo se extraía de los mismos pozos usados para el riesgo de los campos y se disponía en tanques de PVC que estaban sobre la tierra y expuestos al sol durante todo el día.

La precariedad se profundiza con el estado de los baños. Las construcciones encontradas tienen tres lados, carecen de puertas y presentan un pozo adonde van a parar las evacuaciones. En el campamento existe un espacio de duchas cerrado en los cuatros lados, pero los trabajadores aseguraron que nunca tiene agua.

La AFIP verificó la existencia de cinco campamentos repartidos en todo el predio con las mismas características descriptas, pero sólo en tres se encontraron empleados.

La remuneración que percibían los trabajadores rurales por los servicios prestados es pagada al finalizar todo el trabajo y asciende a los $ 97 diarios. Sin embargo, en el sueldo final se registran «descuentos por el desperdicio por daño a cada planta tratada«, daño que ningún empleado sabe cómo es medido. Por esta razón no pueden asegurar cuál es el monto final.

Carlos Sánchez especificó que el predio presentaba señalizaciones muy cuidadas que incluían, por ejemplo, velocidades máximas y hasta casi irónicas indicaciones en los precarios baños.

«Algo que me sorprendió es que el predio tiene un gran cuidado por la logística y el estado de cada una de las plantas, que contrasta de forma notoria con las pésimas condiciones en las que viven los trabajadores«, señaló.

Las personas en condición de esclavitud no tenían permitido abandonar el establecimiento  agropecuario hasta que terminaran la totalidad de su trabajo. De todas formas, no contaban con los recursos monetarios para hacerlo, sobre todo si se tiene en cuenta que el campo está aproximadamente a 40 kilómetros de la ruta.

La empresa DuPont, dueña de Pioneer Argentina SRL, sin intención dejó en evidencia a uno de los gremios más cuestionados por la falta de seguimiento a la situación de sus trabajadores. En el sitio web de la multinacional  se señala que en 2009 había 837 trabajadores eventuales (rurales y estibadores) representados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

El gremio que conduce el duhaldista Gerónimo «Momo» Venegas, sin embargo, no parece haberse enterado de la actual situación de esclavitud de los 140 trabajadores de la planta de Córdoba.

El año pasado, Venegas ya había sido acusado de complicidad con los altos niveles de empleo informal en el sector agropecuario. El director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP explicó que a partir de las estrictas instrucciones de la presidenta Cristina Fernández y del titular del organismo, Ricardo Echegaray, se decidió usar toda la fuerza operativa para avanzar sobre la planificación laboral nociva y mostrar a todo aquel que intente emplear en condiciones de esclavitud que corre el serio riesgo de ser descubierto y denunciado por el organismo regulador. «Estamos decididos de actuar en forma inteligente y utilizar toda capacidad de investigación para llegar a cada uno de estos empleadores que no cumplen con la legislación«, aseguró Carlos Sánchez.

Fuente 1: Aporrea.org

Fuente 2: Página/12

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México. Celebrando la dependencia: el maíz a las trasnacionales

Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30.000 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto.

Por Silvia Ribeiro (*) – La Jornada

Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.

Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30.000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90.000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llama experimentales.

• http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468

Casi el 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, solos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión de que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Éste y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10.000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano son totalmente insuficientes para el riesgo que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la consulta pública que el gobierno colocó en Internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aun si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

Fuente: IAR Noticias

(*) La autora es investigadora del Grupo ETC.