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Human Rights Watch: “Sharón murió sin ser juzgado por crímenes de lesa humanidad”

Ariel Sharón. AFP / Philippe Desmazes

El ex primer ministro israelí Ariel Sharón murió sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad que cometió, entre ellos el de la masacre de Sabra y Chatila, denuncia la organización Human Rights Watch (HRW).

Mientras los líderes mundiales envían sus condolencias a Israel por la muerte del exprimer ministro, quienes sufrieron por las políticas que aplicó solo lamentan una cosa: no haberlo visto responder ante la justicia por sus crímenes.

Sharón, que desde 2006 se encontraba en estado vegetativo, falleció este sábado a la edad de 85 años. Para muchos israelíes fue un héroe nacional, pero parte de la sociedad lo considera un  criminal de guerra culpable de la muerte de civiles palestinos en el Líbano, Cisjordania y Gaza.

Murió sin hacer frente a la justicia por su papel en las masacres de cientos y quizás miles de civiles a manos de las milicias libanesas en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila en el Líbano en 1982“, afirmó HRW en un comunicado emitido este sábado.

Matanza en la aldea de Qibya

En 1953 su nombre comenzó a ser conocido entre los dirigentes israelíes. Con tan solo 25 años de edad, Sharón dirigió una unidad que el 14 de octubre de aquel año fue responsable de una masacre en la aldea de Qibya (entonces territorio jordano) en represalia por la muerte de una mujer israelí y sus dos hijos. Volaron 45 casas  y mataron a 67 palestinos, entre ellos mujeres y niños. La operación fue reprobada a nivel mundial y fue objeto de una condena por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Masacre en los campos de refugiados de Sabra y Chatila

En los días de la guerra civil libanesa, las fuerzas aliadas israelíes masacraron sistemáticamente a cientos de palestinos, tres meses después de que Sharón, entonces ministro de Defensa, dirigiera la invasión del Líbano.Una investigación elaborada  por las propias autoridades israelíes determinó que el militar tuvo una “responsabilidad personal” en la masacre de Sabra y Chatila en la que murieron entre 700 y 800 personas, incluidos niños (entre ellos recién nacidos) y mujeres embarazadas, según datos del Estado hebreo.

Sin embargo, “las autoridades judiciales israelíes nunca abrieron una investigación penal para determinar si Sharón y otros altos cargos militares tenían responsabilidad criminal“, lamentó HRW.

Después de que encabezara la invasión del Líbano en 1982, Sharón pasó a ser conocido en el mundo árabe como el “carnicero de Beirut“.

Asentamientos

En el cargo del ministro de Agricultura que ocupó en 1977 arrasó asentamientos árabes en los territorios ocupados por Israel y se ganó el apelativo de ‘Bulldozer‘ (un tipo de excavadora empleada en las demoliciones).

De hecho, Sharón fue considerado el padre del programa de asentamientos israelíes. Aunque en 2005 ordenó la evacuación de cerca de 8.000 colonos judíos de cuatro asentamientos en la Franja de Gaza y Cisjordania, unos 500.000 colonos judíos viven todavía en asentamientos ilegales y este asunto sigue siendo un obstáculo para alcanzar la paz en la región.”La transferencia de civiles a un territorio ocupado por parte de una potencia ocupante supone una grave violación de las convenciones de Ginebra y, potencialmente, un crimen de guerra“, recordó la organización de defensa de los derechos humanos.

El muro de Cisjordania
HRW destaca que en 2002, cuando Sharón gobernaba, se aprobó la construcción del muro de separación que rodea Cisjordania. Según la organización israelí B’Tselem, durante los años en los que estuvo en el poder, el Ejército israelí acabó con la vida de más de 1.430 civiles palestinos.”La muerte de Sharón sin haber sido juzgado magnifica la tragedia de las miles de víctimas“, concluye el comunicado de HRW.

Fuente: Russia Today

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Las 25 noticias más censuradas 2010/2011 (N° 3): Obama autoriza campaña internacional de asesinatos

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El estadounidense Anuar Al-Aulaki, nacido hace 40 años en Nuevo México, fue asesinado el pasado viernes 30 de Septiembre 2011 en el Yemen, por orden de Barack Obama, tras ser declarado terrorista y anunciarse a los medios en Abril de 2010 que estaba en una lista presidencial de ejecuciones extrajudiciales. La administración Obama puso reservadamente en ejecución una “idea incompleta” legada por la presidencia de George Bush II que consiste en un programa presidencial internacional de asesinatos “de hecho”. Documentos judiciales, evidencias ofrecidas por Human Rights Watch y un reporte especial de Naciones Unidas alegan que se ha puesto en “listas de la muerte” a ciudadanos de EEUU sospechosos de “animar el terror”. Las listas de la muerte, obviamente, apuntan a estadounidenses musulmanes.

El ex Director de Inteligencia Nacional de Obama, Dennis Blair, almirante retirado, dijo en una sesión del Congreso que el programa estaba dentro de los derechos del Poder Ejecutivo y, por tanto, los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Obama se las arregló, en Abril de 2010, para quedar en el anonimato, pero envió a sus empleados de la Casa Blanca a recorrer los grandes medios para filtrar su decisión de asesinar al estadounidense Anuar al-Aulaki donde fuera encontrado por la CIA y la noticia fue reproducida como propaganda sin cuestionar la asunción de un poder presidencial sobre la vida y la muerte de los ciudadanos acusados de “terrorismo” sin debido proceso y contra la Constitución.

Por lo menos se sabe de otras dos personas que han sido asesinadas por operativos de la CIA bajo esa orden presidencial. Cuando el programa fue desafiado en una corte de Nueva York, en Diciembre 2010, el juez John Bates rehusó acoger la demanda diciendo: “hay circunstancias en que la decisión del Ejecutivo de matar a ciudadanos de EEUU en ultramar está constitucionalmente comisionada a las ramas políticas [del gobierno] y es judicialmente inapelable”.

Las “listas de la muerte” salieron a la luz pública con un enfoque más fundado en la razón y los derechos ciudadanos que en la histeria mediática el 8 de Diciembre de 2010, cuando el periodista William Fisher, de la agencia informativa Inter Press Service, reportó que el día anterior el juez Bates rehusó acoger una demanda de Nasser Al-Aulaki respecto a los derechos de su hijo Anuar Al-Aulaki, un clérigo musulmán residente en Yemen y nacido en Nuevo México, que supo de su inclusión en la lista. La judicatura renunció a desafiar la política de Obama de anotar para su futura muerte a ciudadanos de EEUU que están fuera de las zonas de combate y no plantean una amenaza inminente.

El magistrado admitió la “cuestión política” y reconoció “que algo perturbaba su conclusión”. Llamó al caso “único y extraordinario” y dijo que resulta crudo y deja perplejo, pues plantea “cuestiones fundamentales de la separación de poderes que involucran el papel apropiado de las cortes en nuestra estructura constitucional”. Pero en definitiva, rehusó el caso con argumentos procesales y encontró que “deben aguardar otro día los asuntos importantes respecto a los méritos de la autorización alegada de muerte anotada de un ciudadano de EEUU en ultramar“.

Marcados para morir

El caso fue llevado a la corte en Agosto 2010 por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, su sigla en inglés) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en ingles). Después que el juez acogió la moción del gobierno de sobreseer el caso, el jurista de la ACLU Jameel Jaffer dijo: “Si la sentencia está correcta, el gobierno tiene autoridad irrevocable para realizar matanzas apuntadas de norteamericanos dondequiera que el presidente juzgue que son una amenaza para la nación (…) Sería difícil -añadió- una proposición más inconsistente con la Constitución o más peligrosa para la libertad norteamericana”.

Jonathan Manes, asociado legal del Proyecto de Seguridad Nacional de la Fundación ACLU, le dijo a IPS: “La corte ha limitado drásticamente quién puede acudir a la justicia para desafiar una muerte apuntada antes del hecho. Ha dicho ‘si marcan a una persona para matarla, el estado de la persona apuntada probablemente podría intentar conducir una acción de muerte por negligencia después del hecho’ (…) El problema es que la decisión del juez Bates sugiere que las cortes no tienen ningún papel en la determinación de la legitimidad de una matanza anotada, incluso después de cometida -por ejemplo en un pleito de muerte por negligencia-, incluso si la víctima es un ciudadano de EEUU“, dijo. “Según el juez Bates, las reglas que gobiernan la muerte apuntada de ciudadanos se pueden escribir y aplicar en secreto, sin controles independientes en absoluto. Rechazamos la idea que el presidente tenga un poder tan amplio sobre las vidas y las muertes de ciudadanos en el extranjero”.

La ACLU y el CCR fueron requeridos por Nasser Al-Aulaki para iniciar un pleito respecto a la decisión del gobierno de autorizar la inclusión en la “lista de la muerte” de su hijo Anuar Al-Aulaki, ciudadano de EEUU asesinado finalmente el 30 de Septiembre 2011. La demanda pidió que la corte dictaminara -fuera del contexto del conflicto armado- que el gobierno puede ejecutar muertes apuntadas de un ciudadano de EEUU solamente como último recurso para frustrar una amenaza inminente para la vida o la seguridad física. El libelo también pidió a la corte ordenar al gobierno divulgar la norma jurídica que utiliza para colocar a ciudadanos de EEUU en listas de la muerte.

El juez no contestó a la pregunta preocupante de los demandados: “¿Cómo es que se requiere la aprobación judicial cuando el gobierno decide apuntar para su vigilancia electrónica a un ciudadano de EEUU en ultramar, pero se prohíbe el escrutinio judicial cuando EEUU decide a apuntar para su muerte a un ciudadano estadounidense en ultramar?

Mientras tanto, un juez yemení ordenó a la policía el sábado 4 de Diciembre 2010 capturar “vivo o muerto” a Anuar al-Aulaki, a quien el gobierno de EEUU describe como un clérigo musulmán radical que se ha ligado a varios diagramas de terror en EEUU. Lo han vinculado al diagrama de bomba del avión de carga el pasado mes de Noviembre, al bombardero de una fábrica de ropa interior de Detroit y puede ser conectado con el bombardeo frustrado de Times Square.

Emplazamiento de HRW a Obama

Otras organizaciones de derechos humanos también están involucrándose en esta controversial batalla judicial. Human Rights Watch (HRW) invitó al presidente Barack Obamaa clarificar inmediatamente [por parte del gobierno] el raciocinio legal para muertes apuntadas”.

En una carta al presidente Obama, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, dijo que el gobierno “debe contestar a las cuestiones fundamentales de cómo su administración determina si una persona puede ser apuntada”. Añadió: “Tales operaciones pueden ser legales en determinadas circunstancias, pero la ausencia de límites claros violará inevitablemente el derecho internacional y fijará un peligroso precedente para los regímenes abusivos del mundo entero”.

La administración Obama amplió dramáticamente el uso de listas de muerte fuera de los campos de batalla tradicionales que siguieron a los ataques del 11 de Septiembre de 2001. Muchas de estas matanzas son conducidas por la CIA con el uso de los sistemas de aviones sin tripulación de combate, o abejones (drones).

El gobierno de EEUU afirma que, bajo el derecho internacional, tiene autoridad para utilizar fuerza letal fuera de las zonas de guerra bien definidas, porque enfrenta un conflicto armado global con Al-Qaeda y fuerzas asociadas. La carta de Roth a Obama dijo que “la demanda del gobierno de EEUU de que el mundo entero es un campo de batalla en el cual son aplicables las leyes de la guerra, mina las protecciones del derecho internacional. Esta noción desacreditada invita al uso de la fuerza mortal a otros países en situaciones donde EEUU se opondría fuertemente a su uso”.

HRW invitó a Obama a “proporciona mayor claridad en cómo el gobierno de EEUU determina cuando una matanza apuntada en una situación de conflicto armado resuelve los requisitos de la distinción y proporcionalidad bajo las leyes de la guerra y las medidas que está tomando para minimizar daño civil”.

Opinión: Obama supera a Bush

Glenn Greenwald, de http://www.Politics.Salon.com, escribió el 7 de Abril 2010:

Hoy, The New York Times y The Washington Post confirman que la Casa Blanca de Obama ahora autorizó expresamente a la CIA para matar a Al-Aluaki no importa dónde lo encuentren, ni a que distancia esté de un campo de batalla. Escribí largamente sobre los peligros y la anarquía extrema de no prohibir al Ejecutivo el poder de asesinar a ciudadanos de EEUU lejos de un campo de batalla (es decir, mientras están durmiendo, en casa, con sus niños, etc.) y sin el debido proceso de cualquier clase. No repetiré esos argumentos (…) sino que quiero destacar cuan increíblemente orwelliano y tiránico es esto que hoy está a la luz en estos nuevos artículos …

Ahora, en los Estados Unidos de Barack Obama, la manera de determinar la culpabilidad de los ciudadanos norteamericanos –y la imposición de la pena de muerte– es que el presidente, como piensa el rey que él es, decreta secretamente la culpabilidad de alguien como terrorista. Entonces él despacha a sus asistentes a correr a los periódicos de EEUU –ocultándose cobardemente detrás del escudo del anonimato que él mismo se concede– para proclamar que el culpable será muerto cuando sea visto porque el Líder lo ha decretado así por ser un terrorista. Simplemente, se afirma que Aulaki se ha convertido en un clérigo que expresa opiniones anti-norteamericanas y abogan por hacerlo blanco de un ataque militar estadounidense por terrorista “involucrado en diagramas”. Estos periódicos imprimen, entonces, este veredicto ejecutivo sin preguntar, sin ninguna oposición, ninguna investigación, ninguna refutación en cuanto a su verdad. Y el castigo se decreta así: la CIA ahora asesinará a este ciudadano norteamericano porque Barack Obama ha pedido que así se haga. ¿Qué clase de persona podría justificar esto como posible o pensar que así se ejerce un poder de gobierno legítimo?

Sólo para conseguir un sentido de cómo es este comportamiento extremo, considere –como lo divulgó el NYT– que ni siquiera George Bush apuntó a los ciudadanos norteamericanos para este tipo de matanza extrajudicial (aunque un ataque de abejón en Yemen, 2002, dio lugar a la muerte de un ciudadano norteamericano). Más llamativo, Antonin Scalia, en el caso de Hamdi v. Rumsfeld, 2004, escribió una opinión (unido a Justice Stevens) sosteniendo que era inconstitucional que el gobierno de EEUU simplemente encarcelara (aún menos matara) a ciudadanos norteamericanos como “combatientes enemigos”; en su lugar, discutieron, la Constitución requiere que encausen a los norteamericanos por crímenes (tales como traición) y se les de un juicio antes de ser castigados. La corte completa de Hamdi sostuvo que por lo menos se requiere un cierto debido proceso antes que los americanos puedan ser encarcelados como “combatientes enemigos.” Con todo, ahora Barack Obama está demandando el derecho, no simplemente a encarcelar, sino de asesinar lejos de cualquier campo de batalla, a los ciudadanos norteamericanos sin ninguna clase de debido proceso. Incluso, el congresista republicano Pete Hoekstra, cuando interrogó al almirante Blair, reconoció los severos peligros de aumentar este poder omnímodo.

¿Y qué pasa con todos los progresistas que gritaron por años contra el tratamiento tiránico de la administración Bush a Jose Padilla? Bush simplemente encarceló a Padilla por años sin un juicio. ¿Si ése fue un vicioso asalto tiránico a la Constitución –y así fue– ¿qué debe decir el ganador del Premio Nóbel de la Paz [Obama] sobre el asesinato de ciudadanos norteamericanos sin debido proceso?

Todo esto subraya el punto principal marcado en un nuevo artículo excelente de Eli Lake, que recopila y documenta comprensivamente lo que bien conocen aquí los lectores: que mientras los discursos de Obama y algunas políticas de su administración han acentuado una ruptura con lo que fue la era de Bush,” la realidad es que esta administración ha conservado y, en algunos casos, reconstruido lo esencial de Bush/Cheney respecto a las libertades civiles y al terrorismo. Como Al Gore, en su magnífico discurso 2006, protestó por la “Guerra de Bush contra la Constitución”:

“–¿Puede ser verdad que cualquier presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución?

“–Si la respuesta es sí, entonces ¿bajo qué teoría se rige la comisión de estos actos?, ¿hay actos que puedan ser prohibidos en su cara?

“–Si el presidente tiene la autoridad inherente para escuchar detrás de las puertas de los ciudadanos norteamericanos sin una autorización, encarcelar a los ciudadanos norteamericanos por su propia declaración, secuestrarlos y torturarlos, ¿después qué no puede hacer él?

“–Observe el poder que fue perdido desde la acusación de Gore al radicalismo de Bush: el poder de matar a ciudadanos norteamericanos. Añada a esta letanía lo que Obama ahora ha hecho y considere cómo se convierten los cuestionamientos acusatorios de Gore que ahora obligan más.

“–Actualización: Cuando Obama buscaba la designación demócrata, el Colegio de Derecho Constitucional contestó a un cuestionario sobre el poder ejecutivo distribuido por Charlie Savage del Boston Globe, y ésta fue una de sus respuestas:

“–5. ¿Permite la Constitución que un presidente detenga a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales?

–[Obama]: No. Rechazo la demanda de la administración Bush de que el presidente tenga autoridad plenipotenciaria bajo la Constitución para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales.

“Pues bien, en aquel entonces Obama dijo que el presidente carece de poder simplemente para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos. Ahora, como presidente, él se arroga el poder de asesinarlos sin cargos.

Incluso sus seguidores duros, de corazón, ¿podrían intentar reconciliar eso con una apariencia seria?

“Como Spencer Ackerman documenta hoy, no sólo John Yoo reclama contra la arrogación de poderes del presidente. Obama está demandado aquí”.

Epílogo (Hispantv.com)

Fuentes yemeníes y estadounidenses han comunicado este viernes [30 de Septiembre 2011] la muerte de Anuar al-Aulaki, ciudadano estadounidense de origen yemení, quien era uno de los terroristas de Al Qaeda más buscados, fallecido en un ataque organizado por la CIA y por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) dentro de Yemen.

Anuar al-Aulaki, junto a otros integrantes de la red de Al Qaeda que le acompañaban murieron en el ataque aéreo, efectuado durante la mañana del viernes contra dos vehículos en que transitaban entre Maarib, en el este de la ciudad capitalina de Saná, y Juf, provincia fronteriza con Arabia Saudita, informa AFP citando a fuentes tribales.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha calificado la muerte de al-Aulaki como “un golpe muy duro contra el brazo más activo de Al Qaeda“.

Al-Aulaki, considerado por Estados Unidos como una amenaza tan grande como Osama bin Laden, había sobrevivido a un bombardeo estadounidense similar a principios de mayo, poco después de que el presidente Obama informara de la eliminación del líder de Al Qaeda en Paquistán.

El 24 de Septiembre la aviación yemení trató de cumplir el deseo estadounidense al lanzar un ataque contra un supuesto paradero de al-Aulaki en la provincia de Shabwa, en el sur del país. No obstante, al-Aulaki no se hallaba en la localidad al momento del bombardeo. Dicho ataque se cobró 34 vidas”.

Foto: Anuar al-Aulaki

Fuentes:

-Muere alto miembro de Al Qaeda en Yemen http://www.hispantv.com/detail.aspx?id=166619
-“Judge declines to Rule on Targeted Killings of U.S. Citizens,” William Fisher, Inter Press Service, Dec. 8, 2010. http://ipsnorthamerica.net/news.php?idnews=3426
-“Letter to President Obama – Targeted Killings,” Human Rights Watch, Dec. 7, 2010. http://www.hrw.org//en/news/1210/12/07/letter-obama-targetedkillings
-“Confirmed: Obama Authorizes Assassination of U.S. Citizen,” Glenn Greenwald, Salon.com, Apr. 7, 2010. http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/04/07/assassinations
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar. 30, 2010. http://www.extrajudicialexecutions.org/unitedstateoof america1
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar 30, 2010. http://www.extrajudicialkillings.org/LegalObservations
-“Extra Judicial Killings: U.S. Government ‘Death List’ for American Citizens,” Francis A. Boyle, Global Research, February 10, 2010. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17527
-Student Researchers: John M. Curtin, Molliann Zahm, Maria Rose, Vincent Caruso & George Antzoulis, Niagara University
-Faculty Evaluator: Brian Martin Murphy, Niagara University; Mickey Huff, Diablo Valley College

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Fuente 1: ARGENPRESS.info

Fuente 2: 1984

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Human Rights Watch confirma las torturas a saharauis en El Aaiún

Por Rosa Meneses

Ataques a civiles, torturas a detenidos y bloqueo informativo. El informe que acaba de hacer público la organización Human Rights Watch (HRW) deja claro el clima de represión que se vive en El Aaiún desde que las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron por la fuerza el campamento saharaui de Gdeim Izik.

Muchos de los casos que documenta HRW han sido denunciados por ELMUNDO.es durante las pasadas semanas. Este informe oficial que ha salido a la luz hoy confirma, pues, las torturas infligidas a detenidos saharauis documentadas por este medio.

Las fuerzas de seguridad tienen el derecho de utilizar una fuerza proporcionada para prevenir la violencia y proteger vidas humanas, pero nada puede justificar golpear a personas bajo custodia (policial) hasta caer inconscientes“, afirma Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África.

La organización pro derechos humanos insta a Marruecos a detener inmediatamente los abusos a detenidos y a llevar a cabo una investigación independiente sobre esos abusos. El documento incluye las informaciones oficiales facilitadas por parte de Marruecos de que 11 miembros de las fuerzas de seguridad y “al menos dos civiles” murieron durante los disturbios.

El texto documenta además que las fuerzas de seguridad marroquíes participaron junto con civiles marroquíes en ataques de represalia contra civiles saharauis en sus propios hogares. A los heridos se les impidió acudir a los hospitales de la ciudad para buscar tratamiento médico.

Tales conductas, además de golpear a detenidos, no pueden ser vistas como un uso de la fuerza legítimo para prevenir o detener actos de violencia por parte de manifestantes“, recalca la organización.

El informe incluye el caso del español de origen saharaui Ahmed Yedu Salem Lecuara, de 34 años, que fue torturado mientras se encontraba detenido. “En la sala de interrogatorio habían unos seis gendarmes, pero otros iban y venían. No había una silla para sentarse y cada pregunta era formulada con un golpe o una bofetada. Preguntaron muchas cosas: qué hacía en el campamento, por qué queríamos nuestro propio estado. Me preguntaron sobre muchas personas por sus nombres. Me amenazaron con violarme allí mismo”, relata en el documento.

También habla del infierno por el que pasó Ahmed Gachbar Baillal, de 38 años, citado en el informe como Laasiri Salek. Detenido el 9 de Noviembre, fue golpeado durante cinco horas con bates y palos y perdió la conciencia dos veces. Lo revivían echándole agua fría. Mientras era torturado, podía escuchar los gritos de dolor de otras personas. Salió de la comisaría el 11 de Noviembre en silla de ruedas y ha quedado inválido durante al menos un mes.

Tanto las torturas de Lecuara como las de Baillal han sido profusamente documentadas por ELMUNDO.es. El Gobierno marroquí ha acusado a este medio de “persistir en la distorsión sistemática de los hechos” al publicar los testimonios de los detenidos torturados. Pero ahora, un informe oficial demuestra que sus periodistas actuaron con absoluto rigor informativo.

Fuente: El Mundo