Qué es la Ley Lasalle y en qué se difererencia de la Ley Sinde
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Lasalle, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualiza y endurece la conocida como Ley Sinde, siendo esta una disposición particular de la propia Ley de Economía Sostenible que propuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009.
La reforma de hoy supone la continuación de la agenda de modificaciones sobre la legislación en materia de derechos de autor. Esta llega tras la aprobación hace un año del Reglamento de la Ley Sinde, conocido como la Ley Sinde-Wert (que pondría en marcha en junio de 2012 la Comisión de la Propiedad Intelectual, encargada de abrir expedientes a las primeras páginas web que enlazaran, supuestamente, contenidos sujetos a derechos de autor)
A continuación explicamos las claves de esta nueva reforma de la legislación española en materia de propiedad intelectual, en otras palabras, qué es la Ley Lasalle y qué diferencias hay con regulaciones anteriores, como la Ley Sinde. Como curiosidad, añadir que esta reforma no se conoce como «Ley Wert», si no que hace referencia al Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert.
Mayor censura en la red
Con esta nueva Ley Lasalle, cualquier web de enlaces que «haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos de autor» podrá ser retirada. Ello a pesar de que estos sitios web no alojen contenidos, y sí lo hagan en servidores extranjeros. Con la reforma en la mano, será más fácil actuar contra este tipo de páginas.
Sin embargo, se contempla la excepción de buscadores como Google, que enlacen «de manera ocasional» contenidos, contra los que no podrán actuar.
En palabras del ministro Wert en el Consejo de Ministros de hoy, lo que diferencia a esta reforma de la Ley Sinde es que «distingue bien deliberadamente el uso ilícito y lucrativo de la tecnología cuando abusa de los derechos de propiedad intelectual».
Identificación de «infractores» por operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad
Otro de los aspectos controvertidos de esta Ley Lasalle es el que dota a los operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad del papel de vigilantes de la red. El principal objetivo es que cualquier empresa que tenga relación con una «página pirata» deba identificar a los infractores (agilizando su bloqueo).
Cambio en la definición de copia privada
En 2006, se definió la «copia privada» como «la copia que se hace en el ámbito privado, y por lo tanto legal, solo si se hace a partir de obras a las que se haya accedido legalmente». Este último inciso deja fuera claramente a las copias realizadas a partir de las descargas de Internet, aunque jurídicamente sea entendido como un concepto impreciso.
La Ley Lasalle termina con el debate legal existente, también planteado en otros países como Alemania o Austria, favoreciendo explícitamente a la industria de los contenidos. En la nueva reforma, se menciona expresamente qué significa «acceso legal», restringiéndolo a «aquellas copias que se hagan de un soporte original, por lo que la obra ha de estar en un soporte, y siempre que se haya adquirido de forma previa en propiedad».
Así se excluyen del concepto legal de «copias privadas» a aquellas obtenidas a través de Internet, pero también a las copias que puedan realizarse de material alquilado o prestado (en otras palabras, será ilegal copiar una obra que te haya dejado un amigo).
Gravar a las Universidades: la vuelta de tuerca del canon digital
Otra de las grandes polémicas que trae esta reforma es el traslado de una parte del canon digital, que actualmente sale de los Presupuestos, a las Universidades. Con la ley en la mano, se obliga a los centros académicos a que deban pagar a CEDRO (que para más inri, fija libremente los precios) por la reproducción de contenidos (aunque esta se haga con fines educativos y/o divulgativos).
Refuerzo de la Comisión Sinde
La Ley Lasalle además «pone por escrito» algunas de las funciones de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que ve reforzado su poder al convertirse en una especie de «tribunal de excepción para los casos de la propiedad intelectual».
No sólo podrá ir contra las famosas «páginas de enlaces», si no contra todas las webs que hayan sido denunciadas por vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Esto significa que todas las páginas deberían vigilar también los contenidos aportados por los propios usuarios (por ejemplo en el caso de los foros), para evitar que se introdujeran contenidos o enlaces «ilegales». Esta parte de la Ley es bastante cuestionable ya que existen argumentos que explican que es contraria a la propia Directiva 2000/31/CE de la Unión Europea.
La Comisión no sólo podrá exigir a la web denunciada la retirada del contenido específico (o incluso la posibilidad de cerrar páginas sin autorización judicial), si no que también podrá imponer multas económicas con sanciones de entre 150.001 y 600.000 euros.
Supervisión de las sociedades de gestión de los derechos de autor
Tras los escándalos existentes en entidades como la SGAE, la Ley Lasalle también incluye cláusulas con el objetivo de reforzar la transparencia de dichas sociedades. Estarán obligadas, entre otras cosas, a realizar auditorías de su funcionamiento, y al establecimiento de escalas para las diferentes sanciones económicas en caso de infracción.
Esa nueva reforma de la propiedad intelectual supone un endurecimiento de los planteamientos de la Ley Sinde, no adaptando en ningún caso la LPI a la nueva realidad digital en la que vivimos. La creación de un escenario muy poco competitivo para el sector digital, reduciendo las posibilidades de crecimiento del desarrollo tecnológico y cultural, son sin duda malas noticias para nuestra economía.
Fuente: ALT1040
Documental «EEUU: Propaganda de Guerra»
Documental que revela cómo EEUU ha impuesto su dominio en el mundo, a través de políticas guerreristas y de penetración cultural mediante la manipulación del periodismo y de los medios de comunicación social.
Ver documental online en DailyMotion.
Fuente: Aporrea.org
Los operadores móviles del Reino Unido bloquean el acceso a Tor
Tor, el servicio que da la posibilidad de acceder a la red con cierto grado de anonimato, está siendo bloqueado por los operadores móviles en el Reino Unido. Así lo ha denunciado hace unas horas Open Rights Group tras advertir el bloqueo y acceso a la plataforma.
Como muchas sabrán, Tor es la herramienta que permite la navegación anónima, servicio que proporciona un enrutamiento IP en los usuarios con el fin de ayudar a eliminar cualquier información de identificación al pasar por una serie de IPs que “saltan”. Utilizada muchas veces como herramienta para aquellos ciudadanos que viven bajo regímenes dictatoriales que no permiten el libre acceso a Internet, Tor fue creada en un principio por el ejército de Estados Unidos para mantener un red propio que saltara la posible censura o vigilancia.
La denuncia de ORG pone nombre y apellidos a esta nueva censura para la plataforma. Serían Vodafone,O2, Three y T-Mobile los operadores que estarían bloqueando el acceso sin previo aviso ni información a sus usuarios de la razón. Según la organización, la gran mayoría de quejas llegan desde aquellos clientes de prepago que no han facilitado su tarjeta de crédito:
Las compañías móviles siempre filtran la red móvil ya que no saben su sus teléfonos están siendo utilizados por niños o jóvenes. Esto ocurre de forma predeterminada en la mayoría de casos. Estos problemas serían un problema menor cuando se avisa, se xplica la manera de desactivar el filtro y la manera de informar de los posibles errores. Este, evidentemente, no es el caso.
Horas más tarde era O2 el que comunicaba que el acceso a Tor estaba bloqueado de manera deliberada:
Cualquier sitio clasificado como web “anonimizadora” no puede ser utilizada por los más jóvenes porque podrían acceder a contenido adultos. Esto se debe a que los sitios donde entras de manera anónima son capaces de eludir los filtros de contenidos adultos y por lo tanto podrían permitir a los niños acceder a material sin restricciones.
Más tarde y en contraste a las palabras pronunciadas por O2, Vodafone dice que se debe a un error y que sería corregido:
Tor ha sido bloqueado por nuestro filtro de contenidos para adultos. No debe ser bloqueado y se debe a un error que será corregido.
Mientras, tanto Three como T-Mobile no ha respondido a las peticiones o explicaciones del bloqueo. Aún así, resulta extraño que un niño ni siquiera conozca lo que es Tor… mucho menos cómo funciona o para qué.
Fuente: ALT1040
Anonymous ataca al FBI en respuesta al cierre de Megaupload
20 de Enero de 2012 – El FBI informó de que está investigando el caso del ataque de ‘hackers’ que bloqueó el jueves los sitios web del FBI, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de EEUU y algunos sitios web de compañías de la industria musical.
Las autoridades de Estados Unidos cerraron ayer el portal de descargas Megaupload, lo que ha dejado a más de 150 millones de usuarios sin el servicio del intercambio de archivos. Pasados tan solo 180 minutos desde que la noticia se hiciera pública, el grupo de ‘hacktivistas’ Anonymous realizó lo que llamó ‘Operación Represalia‘.
Ante la noticia sobre el cierre del sitio Megaupload, Anonymous anunció una serie de ataques dirigidos contra los sitios del FBI, la Casa Blanca, del Departamento de Justicia de EEUU y de la compañía Universal Music Group (UMG), entre otros.
Como resultado, la página web del Departamento de Justicia y de la de UMG se han caído. Otras páginas que han sufrido la acción de los ‘hackers’ han sido MPAA (Motion Picture Association of America) y la RIAA (Recording Industry Association of America).
Más tarde apuntaron, también con éxito, a las páginas de Warner Music y la Oficina del Copyright de EEUU.
La acción fue tan exitosa que en la cuenta @YourAnonNews se informó de que ha sido el mayor ataque coordinado con participación de usuarios. Más de 5500 personas utilizaron los recursos de Anonymous para producir ataques de denegación de servicio (DDoS).
El analista político Lajos Szaszdi comentó a RT que en medio de esta confrontación entre los gobiernos y los usuarios de Internet, los primeros van a tratar de reforzar la medidas de protección para no ser víctimas de ataques semejantes en sus páginas de Internet.
«Después del ataque de Anonymous, los gobiernos van a usarlo como excusa para espiar a personas que ni siquiera son sus ciudadanos, pero que están presentes en ciberespacio en otros países«, opina el experto.
Una redada a nivel mundial
El FBI en su comunicado subrayó que la operación reciente «se encuentra entre los mayores casos criminales contra los derechos de autor realizados por Estados Unidos«. Por el fallo de una corte federal de Virginia se han confiscado 18 dominios asociados a Megaupload. Además, se han confiscado aproximadamente 50 millones de dólares en activos. Mientras, en Nueva Zelanda, se ha declarado prisión preventiva para el fundador del portal, Kim Schmitz, conocido como Kim DotCom («puntocom», en español). Schmitz y otros tres directivos de Megaupload fueron detenidos en diversos operativos policiales llevados a cabo en Auckland.
La Policía de Nueva Zelanda también confiscó armas, objetos de arte, más de ocho millones de dólares estadounidenses y automóviles de lujo cuyo valor ronda los cinco millones de dólares. Los arrestados permanecerá en prisión hasta el próximo lunes. Todavía continúan libres otras tres personas mencionadas en la acusación. Además de en Nueva Zelanda, se realizaron redadas en Estados Unidos y otros nueve países, entre ellos Holanda y Canadá.
La última palabra de Megaupload
Megaupload, el sitio que según la agencia de clasificación Alexa se encuentra en el 72.º puesto en las páginas más visitadas de Internet, es especialmente popular entre los usuarios de España y América Latina y se encuentra entre los 20 sitios más populares en países como Argentina, México y Chile. También, Megaupload había gozado del apoyo de figuras de la cultura popular como los artistas y músicos Will.i.am, P Diddy y Alicia Keys.
Antes del cierre de la página, Megaupload publicó un comunicado en el que aseguraba que las acusaciones son «grotescamente pretenciosas«. «El caso es que la vasta mayoría del tráfico de Internet de ‘Mega’ es legítimo y estamos acá para quedarnos«, expresó. «Si la industria del contenido quisiera aprovechar nuestra popularidad, estamos felices de dialogar. Tenemos buenas ideas. Por favor pónganse en contacto«.
El contenido legal, también amenazado
En Twitter la etiqueta #Megaupload es uno de los tema del momento. Los usuarios están indignados por la medida. David Montalvo, usuario del servicio ‘Premium‘, dice en su cuenta de Twitter: «Internet hoy da un giro, puedes perder tus archivos LEGALES en la nube si el FBI lo decide. Te lo dice un usuario premium de #megaupload«.
No obstante, numerosos usuarios, al igual que varios expertos, dudan de que esta medida del Gobierno de Estados Unidos sea efectiva en la lucha contra descargas de obras intelectuales, siempre habrá numerosos portales que faciliten este servicio.
La clausura de Megaupload y los arrestos de sus ejecutivos se realizó solo un día después de que una “huelga” mundial en línea pareciera cuestionar la aprobación de los proyectos de ley que podrían facilitar el bloqueo de aquellos sitios web sospechosos de infringir los derechos de autor.
Los autores de la operacón indicaron que no hay ningún vínculo entre la polémica sobre la SOPA y PIPA y la reciente ofensiva contra Megaupload.
Sin embargo, el portavoz del partido Pirata de Cataluña, Kenneth Peiruza, comentó a RT que la operación es una muestra de que no hace falta aprobar estas leyes, porque ya existen legislaciones que puede cerrar un sitio web entero porque algunos usuarios intercambiaron contenidos ilegales.
Fuente: Russia Today
Los ‘microbloggers’ chinos deberán proporcionar su nombre real
Los usuarios de los servicios chinos de ‘microblog’, deberán facilitar su auténtica identidad, según una nueva norma del gobierno.
Los ‘microblog‘, donde habitualmente se divulgan opiniones e información censurada en la prensa oficial, tienen más de 300 millones de usuarios.
En la elaboración de esta nueva normativa han participado también el buró de Seguridad Pública y la oficina de administración de Internet, con jurisdicción nacional, por lo que la medida es susceptible de ser trasladada a otros municipios o provincias.
Los ‘microbloggers‘ son libres de escoger el nombre que utilicen en la red, pero, a partir de ahora, deben facilitar su identidad real a los administradores de la web antes de publicar opiniones o contenidos, de forma que controlen el contenido de críticas vertidas por los usuarios, lo que en China puede conllevar graves represalias, como por ejemplo en el caso del Premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo que cumple condena por haber redactado, y publicado un manifiesto en el que él y otros cientos de ciudadanos chinos pedían reformas democráticas, entre ellas el fin de la censura.
Por otro lado, un funcionario de la Oficina de Información de Pekín señaló a la agencia de noticias Xinhua, bajo condición de «anonimato«, que «la nueva normativa está destinada a proteger los intereses de los usuarios y a mejorar la credibilidad de la web«.
En los últimos meses ‘Weibo‘, uno de los ‘microblogs‘ más usados en China perteneciente a Sina.com, ha aireado asuntos de interés público.
Sin embargo, grupos de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, como Amnistía Internacional señalan que el país asiático es uno de los más censores del mundo, con varios «ciberdisidentes» encarcelados, y cuenta con la tecnología más sofisticada para silenciar la red.
Fuente: El Mundo
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Ley Antiterrorista «Para Todos»
Jueves, 01 de Diciembre de 2011 – El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un nuevo proyecto de “ley antiterrorista” que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos.
(Nota con AUDIOS)
Nuevo proyecto de Ley sobre actividades terroristas.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina – La aparición de este proyecto pasó desapercibida, porque solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle entrada en el parlamento con las firmas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de su Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Así sucedió a mediados de 2007 con la ley 26268, presentada también por el Ejecutivo kirchnerista y sancionada en tiempo record bajo la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta norma ya había modificado el Código Penal agregando dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Al igual que entonces, la figura del GAFI empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de “país confiable” para recibir inversiones internacionales.
El gobierno fue allanando el camino porque precedieron a la presentación de este proyecto cientos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado para “combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.”, según se señala en su página.
En el sitio web también se pregunta: “¿Qué se entiende por terrorismo?” Y se responde que “a la fecha, ninguna convención internacional ha podido insertar una definición unívoca del término”. Esta indefinición es la base sobre la que se pretende imputarle a diferentes actos el calificativo de terroristas, tanto en la ley vigente como en el actual proyecto.
¿Qué trae de nuevo este proyecto? Deroga los artículos 213 ter y 213 quater de la ley anterior e incorpora a la parte general del Código un agravante para cualquier delito penal. Por lo tanto, se considerará como terrorista el delito que tipificado en el Código Penal sea cometido “con finalidad terrorista”. Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista.
La “finalidad terrorista” se desprende del articulo propuesto como 41 quinquies, que dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.
En el tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación al que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”. Por lo cual podría configurarse este delito en el marco de una campaña de solidaridad financiera a los presos políticos mapuches chilenos que están acusados en su país de terroristas.
Curiosamente, o no, la idea de generalizar como posibles actos terroristas a cada uno de los delitos del código, sumado al alcance de la ley mas allá de nuestras fronteras, fue la misma que inspiró a un proyecto que, con las firmas de representantes de la “oposición”, ingresó el 15 de julio del año pasado a la Cámara de Diputados (1)
Hoy este proyecto aparece en un contexto de: miles de luchadores sociales procesados por delitos tipificados en el Código Penal (entre los que se destacan la usurpación y el corte de calles/rutas, entre otros), aumento en el nivel de movilizaciones por trabajo y salario, contra la precarización laboral, para frenar el avance de las industrias extractivas contaminantes y el desalojo de campesinos para plantar soja. Se agregan ocupaciones de tierras para vivienda y de espacios públicos con acampes, cortes de calles y rutas. Sumado a esto han venido las advertencias de la presidenta en cuanto a los límites que deben tener los reclamos de los trabajadores para no “boicotear” a la Argentina y su sugerencia de no cortar calles sino de que el “marchódromo” sea solo la Plaza de Mayo.
Todas estas medidas de lucha se encuadrarían en el objetivo de obligar a las autoridades nacionales y extranjeras (marchas de solidaridad con los estudiantes chilenos, por ejemplo) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. “Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados”, afirma la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) en un documento.
Tratando de resguardar ciertas formas, uno de los párrafos que precede al articulado, dice que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, (…) no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional (…). En ningún caso, la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos humanos”.
Al respecto Martín Alderete, abogado de la CADEP, afirmó que “esto es una cuestión retórica porque el ejercicio de cualquier derecho constitucional hace inviable la aplicación de un delito”. Y dio como ejemplo el caso de una huelga – ejercicio de un derecho constitucional – y en ese marco la ocupación de la fábrica: “Tampoco estoy cometiendo un delito de usurpación porque estoy ejerciendo un derecho constitucional. Sin embargo las causas de los compañeros procesados son justamente por ejercer derechos constitucionales. Y sin embargo están procesados”.
“Con este proyecto de ley se podrían criminalizar a vecinos que cortan la calle porque se les cortó la luz y, si se considera que esa protesta es violenta se le aplica ese agravante”, agregó.
Lo que ha trascendido es que este proyecto no entraría en las sesiones extraordinarias de diciembre. Sin embargo, en 2007 los pasos por las comisiones y por ambas cámaras del Parlamento fueron fugaces y se aprobó casi sin discusión y sin que nadie se entere. Por otra parte, a partir del 10 de diciembre el kirchenirsmo tendrá mayoría propia y parte de la oposición viene de haber aprobado el anterior proyecto sin poner demasiadas trabas.
Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer pública la existencia de este proyecto.
AUDIOS Entrevista a Martín Alderete en el programa Al Oeste-FM En Tránsito 93.9-Castelar (Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini).
Contenido del proyecto de ley antiterrorista.
Alcances del delito de financiación del terrorismo.
Supuesto resguardo de derechos constitucionales.
Notas relacionadas:
(1) Ley Antiterrorista – Segunda Parte.
Investigación de Red Eco “El Mismo Terror- El Terror Mismo”.
Nuevo proyecto de Ley sobre actividades terroristas.
Fuente 1: Red Eco Alternativo
Fuente 2: 1984
Cómo las élites crearon la crisis económica para llevarnos a un gobierno mundial
Verdad Ahora presenta una nueva charla informativa sobre el colapso económico orquestado por la élite y los planes para la creación de un gobierno mundial a partir de éste.
La charla informativa comprende:
-El origen de la crisis económica vivida globalmente en los años 2008 y 2009, y que aún no termina. Sus reales culpables en la banca internacional y los métodos para crearla.
-La razón del por qué «necesitan» traer abajo la actual economía, y el nuevo sistema que desean imponer como solución al problema que ellos mismos crearon.
-El desarrollo del colapso económico «detrás de cámaras», la real intención con los famosos «salvatajes» (baill-outs) y lo que espera para los próximos meses.
-Una exposición sobre la moneda global que ya comenzó a circular en los mercados globales desde el año 2009 – los SDR, derechos especiales de giro.
-La introducción del sistema de gobierno mundial totalitario.
-Cómo cuidar nuestro dinero y ahorros para sobrellevar la crisis que se viene.
Fuente: ¡VERDAD AHORA!
Internet defiende lo que le queda de libertad contra SOPA (Stop Online Piracy Act)
Publicación: 17/11/2011
Autor: pijamasurf
El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una iniciativa supuestamente diseñada para combatir la piratería en internet, pero que en realidad terminaría por sepultar la relativa libertad de la que actualmente goza.
Desde hace tiempo hemos propuesto en Pijama Surf la necesidad de generar una red alterna a Internet, libre de intereses corporativizados y de una entidad central que regula, en última instancia, lo que sucede en esta “red de redes”. Diversas voces, como el téorico mediático Douglas Rushkoff, han denunciado que la actual condición de Internet en realidad no responde ese idílico shangri la digital que muchos pensamos que encontraríamos en esta nueva arena de intercambio, sino que, por el contrario, se trata de un sistema centralizado y por lo tanto controlable, dentro del cual, al igual que en prácticamente todos los rubros de la sociedad contemporánea, las agendas que mayor peso tienen son aquellas delineadas por gobiernos y corporaciones.
Pero más allá de esta pertinente reflexión, también resulta innegable que desde la consagración de Internet como una herramienta cotidiana para millones de personas, este ha generado múltiples consecuencias benéficas. Por este medio hoy podemos visualizar colectivamente, con inédita fidelidad, nuevos modelos de organización ciudadana, sistemas descentralizados de intercambio de información y formas alternativas para nuestras estructuras económicas.
En cualquier caso, mientras concretamos la creación de un Internet alternativo, valdría la pena defender las virtudes del que opera en la actualidad. Y precisamente mantener una buena parte de estas mieles digitales, de las que hemos gozado en los últimos años, es lo que está en juego con la nefasta iniciativa legislativa que en estos momentos se discute en el Congreso estadounidense. El SOPA (Stop Online Piracy Act) plantea la posibilidad de otorgar a los propietarios de los derechos industriales de material sonoro, audiovisual, fotográfico y editorial, el poder para aislar e incluso cerrar sitios que violen el flagrantemente caduco concepto de Copyright.
La iniciativa fue propuesta por el legislador republicano de Texas Lamar Smith, y existen altas probabilidades de que sea aprobada, ya que cuenta con el respaldo de un multimillonario cabildeo patrocinado por grandes corporaciones que tienen enormes intereses financieros en juego. En caso de aprobarse, lo único que podría revocarla sería un veto directo del presiente Obama.
En pocas palabras, si esta iniciativa se implementa, el gobierno estadounidense tendría las facultades para etiquetar cualquier sitio web que publique material que infrinja derechos de propiedad industrial o intelectual, utilizando filtros de DNS (los cuales ya están controlados por la ICAAN), lo cual imposibilitaría a cualquier usuario acceder a estos sitios y por lo tanto estarían condenados a la extinción. Este recurso es similar al que actualmente emplean los gobiernos de China e Irán para censurar sitios que publican contenido “incómodo”.
Esta medida pondría en jaque a cientos de servicios en Internet, ya que, por ejemplo, si en un foro, una red social o incluso un servicio de correo electrónico un usuario enviara o publicara un contenido “ilegal”, este sitio correría el riesgo de ser clausurado. El gobierno podría retirarle sus ganancias y obligar a los buscadores a que los bloquearan. Evidentemente estos servicios estarían obligados a tomar medidas, traducidas en un minucioso control, para evitar que cualquiera de sus usuarios incurriera en alguno de estos actos.
Obviamente, y al igual que el tratado internacional conocido como ACTA, SOPA ha generado la movilización de cientos de organizaciones civiles y grupos de activismo digital. Pero a diferencia de lo que suele suceder, en esta ocasión no están solos, ya que algunas de las personalidades más influyentes de Silicon Valley, incluyendo los altos ejecutivos de las más poderosas corporaciones del universo internetero, se han manifestado explícitamente en contra de esta iniciativa (afortunadamente también hay intereses corporativos del otro lado, lo cual da la esperanza de que no se apruebe, aunque no deja de ser triste que esta sea la carta más fuerte de los que combaten esta propuesta).
Eric Schmidt, el CEO de Google, arremetió contra la iniciativa durante una conferencia en el MIT: “Las solución es draconiana. Hay una iniciativa que requeriría a los proveedores de servicios de internet remover los URL de la Red, a lo cual, hasta la última vez que revisé mi manual, se le llama censura”. En lugar de esto, Schmidt propone que aquellos sitios que lucren con contenido, violando el Copyright, sean monitoreados por el gobierno, en especial en los reportes de sus ganancias.
Compañías de la talla de Google, Facebook, Yahoo, eBay y Twitter se unieron para desplegar un comunicado en el New York Times en el que advirtieron: “Estamos preocupados porque estas medidas representan un serio riesgo para la innovación y generación de empleo que nuestra industria ha aportado, así como para la seguridad cibernética de nuestro país”. Tumblr, el servicio de blogging, , agregó: “Como se ha dicho, traicionarían más de una década de políticas en Estados Unidos que abogan por la libertad en Internet, al establecer un sistema de censura que utiliza las mismas tecnologías que han implementado naciones pioneras en censurar como Irán y China”.
Desde la consagración de Internet, el marco legal adoptado en Estados Unidos para regular la Red ha servido como un estándar internacional, por lo que, de aprobarse la iniciativa SOPA, ello repercutiría a corto plazo en las legislaciones de otros países. Así que sin importar el país en el que te encuentres, si disfrutas de lo que queda de libertad en Internet, te invitamos a difundir esta nota y a firmar también la siguiente petición, la cual, por cierto, supera ya el medio millón de personas: Avaaz – Salvemos Internet.
Fuente: Pijamasurf.com
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