Qué es la Ley Lasalle y en qué se difererencia de la Ley Sinde
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Lasalle, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualiza y endurece la conocida como Ley Sinde, siendo esta una disposición particular de la propia Ley de Economía Sostenible que propuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009.
La reforma de hoy supone la continuación de la agenda de modificaciones sobre la legislación en materia de derechos de autor. Esta llega tras la aprobación hace un año del Reglamento de la Ley Sinde, conocido como la Ley Sinde-Wert (que pondría en marcha en junio de 2012 la Comisión de la Propiedad Intelectual, encargada de abrir expedientes a las primeras páginas web que enlazaran, supuestamente, contenidos sujetos a derechos de autor)
A continuación explicamos las claves de esta nueva reforma de la legislación española en materia de propiedad intelectual, en otras palabras, qué es la Ley Lasalle y qué diferencias hay con regulaciones anteriores, como la Ley Sinde. Como curiosidad, añadir que esta reforma no se conoce como «Ley Wert», si no que hace referencia al Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert.
Mayor censura en la red
Con esta nueva Ley Lasalle, cualquier web de enlaces que «haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos de autor» podrá ser retirada. Ello a pesar de que estos sitios web no alojen contenidos, y sí lo hagan en servidores extranjeros. Con la reforma en la mano, será más fácil actuar contra este tipo de páginas.
Sin embargo, se contempla la excepción de buscadores como Google, que enlacen «de manera ocasional» contenidos, contra los que no podrán actuar.
En palabras del ministro Wert en el Consejo de Ministros de hoy, lo que diferencia a esta reforma de la Ley Sinde es que «distingue bien deliberadamente el uso ilícito y lucrativo de la tecnología cuando abusa de los derechos de propiedad intelectual».
Identificación de «infractores» por operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad
Otro de los aspectos controvertidos de esta Ley Lasalle es el que dota a los operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad del papel de vigilantes de la red. El principal objetivo es que cualquier empresa que tenga relación con una «página pirata» deba identificar a los infractores (agilizando su bloqueo).
Cambio en la definición de copia privada
En 2006, se definió la «copia privada» como «la copia que se hace en el ámbito privado, y por lo tanto legal, solo si se hace a partir de obras a las que se haya accedido legalmente». Este último inciso deja fuera claramente a las copias realizadas a partir de las descargas de Internet, aunque jurídicamente sea entendido como un concepto impreciso.
La Ley Lasalle termina con el debate legal existente, también planteado en otros países como Alemania o Austria, favoreciendo explícitamente a la industria de los contenidos. En la nueva reforma, se menciona expresamente qué significa «acceso legal», restringiéndolo a «aquellas copias que se hagan de un soporte original, por lo que la obra ha de estar en un soporte, y siempre que se haya adquirido de forma previa en propiedad».
Así se excluyen del concepto legal de «copias privadas» a aquellas obtenidas a través de Internet, pero también a las copias que puedan realizarse de material alquilado o prestado (en otras palabras, será ilegal copiar una obra que te haya dejado un amigo).
Gravar a las Universidades: la vuelta de tuerca del canon digital
Otra de las grandes polémicas que trae esta reforma es el traslado de una parte del canon digital, que actualmente sale de los Presupuestos, a las Universidades. Con la ley en la mano, se obliga a los centros académicos a que deban pagar a CEDRO (que para más inri, fija libremente los precios) por la reproducción de contenidos (aunque esta se haga con fines educativos y/o divulgativos).
Refuerzo de la Comisión Sinde
La Ley Lasalle además «pone por escrito» algunas de las funciones de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que ve reforzado su poder al convertirse en una especie de «tribunal de excepción para los casos de la propiedad intelectual».
No sólo podrá ir contra las famosas «páginas de enlaces», si no contra todas las webs que hayan sido denunciadas por vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Esto significa que todas las páginas deberían vigilar también los contenidos aportados por los propios usuarios (por ejemplo en el caso de los foros), para evitar que se introdujeran contenidos o enlaces «ilegales». Esta parte de la Ley es bastante cuestionable ya que existen argumentos que explican que es contraria a la propia Directiva 2000/31/CE de la Unión Europea.
La Comisión no sólo podrá exigir a la web denunciada la retirada del contenido específico (o incluso la posibilidad de cerrar páginas sin autorización judicial), si no que también podrá imponer multas económicas con sanciones de entre 150.001 y 600.000 euros.
Supervisión de las sociedades de gestión de los derechos de autor
Tras los escándalos existentes en entidades como la SGAE, la Ley Lasalle también incluye cláusulas con el objetivo de reforzar la transparencia de dichas sociedades. Estarán obligadas, entre otras cosas, a realizar auditorías de su funcionamiento, y al establecimiento de escalas para las diferentes sanciones económicas en caso de infracción.
Esa nueva reforma de la propiedad intelectual supone un endurecimiento de los planteamientos de la Ley Sinde, no adaptando en ningún caso la LPI a la nueva realidad digital en la que vivimos. La creación de un escenario muy poco competitivo para el sector digital, reduciendo las posibilidades de crecimiento del desarrollo tecnológico y cultural, son sin duda malas noticias para nuestra economía.
Fuente: ALT1040
Internet defiende lo que le queda de libertad contra SOPA (Stop Online Piracy Act)
Publicación: 17/11/2011
Autor: pijamasurf
El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una iniciativa supuestamente diseñada para combatir la piratería en internet, pero que en realidad terminaría por sepultar la relativa libertad de la que actualmente goza.
Desde hace tiempo hemos propuesto en Pijama Surf la necesidad de generar una red alterna a Internet, libre de intereses corporativizados y de una entidad central que regula, en última instancia, lo que sucede en esta “red de redes”. Diversas voces, como el téorico mediático Douglas Rushkoff, han denunciado que la actual condición de Internet en realidad no responde ese idílico shangri la digital que muchos pensamos que encontraríamos en esta nueva arena de intercambio, sino que, por el contrario, se trata de un sistema centralizado y por lo tanto controlable, dentro del cual, al igual que en prácticamente todos los rubros de la sociedad contemporánea, las agendas que mayor peso tienen son aquellas delineadas por gobiernos y corporaciones.
Pero más allá de esta pertinente reflexión, también resulta innegable que desde la consagración de Internet como una herramienta cotidiana para millones de personas, este ha generado múltiples consecuencias benéficas. Por este medio hoy podemos visualizar colectivamente, con inédita fidelidad, nuevos modelos de organización ciudadana, sistemas descentralizados de intercambio de información y formas alternativas para nuestras estructuras económicas.
En cualquier caso, mientras concretamos la creación de un Internet alternativo, valdría la pena defender las virtudes del que opera en la actualidad. Y precisamente mantener una buena parte de estas mieles digitales, de las que hemos gozado en los últimos años, es lo que está en juego con la nefasta iniciativa legislativa que en estos momentos se discute en el Congreso estadounidense. El SOPA (Stop Online Piracy Act) plantea la posibilidad de otorgar a los propietarios de los derechos industriales de material sonoro, audiovisual, fotográfico y editorial, el poder para aislar e incluso cerrar sitios que violen el flagrantemente caduco concepto de Copyright.
La iniciativa fue propuesta por el legislador republicano de Texas Lamar Smith, y existen altas probabilidades de que sea aprobada, ya que cuenta con el respaldo de un multimillonario cabildeo patrocinado por grandes corporaciones que tienen enormes intereses financieros en juego. En caso de aprobarse, lo único que podría revocarla sería un veto directo del presiente Obama.
En pocas palabras, si esta iniciativa se implementa, el gobierno estadounidense tendría las facultades para etiquetar cualquier sitio web que publique material que infrinja derechos de propiedad industrial o intelectual, utilizando filtros de DNS (los cuales ya están controlados por la ICAAN), lo cual imposibilitaría a cualquier usuario acceder a estos sitios y por lo tanto estarían condenados a la extinción. Este recurso es similar al que actualmente emplean los gobiernos de China e Irán para censurar sitios que publican contenido “incómodo”.
Esta medida pondría en jaque a cientos de servicios en Internet, ya que, por ejemplo, si en un foro, una red social o incluso un servicio de correo electrónico un usuario enviara o publicara un contenido “ilegal”, este sitio correría el riesgo de ser clausurado. El gobierno podría retirarle sus ganancias y obligar a los buscadores a que los bloquearan. Evidentemente estos servicios estarían obligados a tomar medidas, traducidas en un minucioso control, para evitar que cualquiera de sus usuarios incurriera en alguno de estos actos.
Obviamente, y al igual que el tratado internacional conocido como ACTA, SOPA ha generado la movilización de cientos de organizaciones civiles y grupos de activismo digital. Pero a diferencia de lo que suele suceder, en esta ocasión no están solos, ya que algunas de las personalidades más influyentes de Silicon Valley, incluyendo los altos ejecutivos de las más poderosas corporaciones del universo internetero, se han manifestado explícitamente en contra de esta iniciativa (afortunadamente también hay intereses corporativos del otro lado, lo cual da la esperanza de que no se apruebe, aunque no deja de ser triste que esta sea la carta más fuerte de los que combaten esta propuesta).
Eric Schmidt, el CEO de Google, arremetió contra la iniciativa durante una conferencia en el MIT: “Las solución es draconiana. Hay una iniciativa que requeriría a los proveedores de servicios de internet remover los URL de la Red, a lo cual, hasta la última vez que revisé mi manual, se le llama censura”. En lugar de esto, Schmidt propone que aquellos sitios que lucren con contenido, violando el Copyright, sean monitoreados por el gobierno, en especial en los reportes de sus ganancias.
Compañías de la talla de Google, Facebook, Yahoo, eBay y Twitter se unieron para desplegar un comunicado en el New York Times en el que advirtieron: “Estamos preocupados porque estas medidas representan un serio riesgo para la innovación y generación de empleo que nuestra industria ha aportado, así como para la seguridad cibernética de nuestro país”. Tumblr, el servicio de blogging, , agregó: “Como se ha dicho, traicionarían más de una década de políticas en Estados Unidos que abogan por la libertad en Internet, al establecer un sistema de censura que utiliza las mismas tecnologías que han implementado naciones pioneras en censurar como Irán y China”.
Desde la consagración de Internet, el marco legal adoptado en Estados Unidos para regular la Red ha servido como un estándar internacional, por lo que, de aprobarse la iniciativa SOPA, ello repercutiría a corto plazo en las legislaciones de otros países. Así que sin importar el país en el que te encuentres, si disfrutas de lo que queda de libertad en Internet, te invitamos a difundir esta nota y a firmar también la siguiente petición, la cual, por cierto, supera ya el medio millón de personas: Avaaz – Salvemos Internet.
Fuente: Pijamasurf.com
Artículos relacionados:
Google retirará en 24 horas los contenidos que vulneren los derechos de autor
El gigante de Internet Google ha anunciado que mejorará sus herramientas e incorporará nuevas medidas para la protección de los derechos de autor, como el análisis, en un plazo máximo de 24 horas, de las peticiones para la retirada de contenidos de cualquiera de sus plataformas.
Este es uno de los cuatro «cambios» que Google España incorporará en los próximos meses, según ha anunciado la compañía en un comunicado.
Google destaca que desarrollará herramientas que mejoren la presentación de peticiones para la retirada de contenidos de acuerdo a los requisitos de la ley estadounidense Digital Millennium Copyright Act, al tiempo que reducirá a un plazo de 24 horas como máximo el análisis de dichas demandas.
Una vez estudiada la petición, Google decidirá si retira o no de sus plataformas dichos contenidos «lo más rápidamente posible«, ha explicado un portavoz de la compañía, que también mejorará sus herramientas para aquellos que consideren que el contenido ha sido retirado de forma errónea.
Además de este cambio, Google ha anunciado que hará «más accesible» y mejorará las herramientas para identificar y simplificar la indexación de contenidos autorizados.
La compañía «hará todo lo posible» para evitar que en su sistema de búsqueda de «autocompletado» aparezcan términos relacionados con la piratería.
Por último, se comprometen a «trabajar más concienzudamente» sobre los procesos que existen de retirada de contenido y de expulsar de Google Adsense, el programa gratuito que posibilita a editores online mostrar anuncios, a aquellos que publiquen contenidos que infringen derechos de autor.
Fuente: El Mundo
Las páginas del Ministerio de Cultura y de la SGAE se ‘caen’ por un cyberataque
Por Guillermo del Palacio
Las páginas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y del Ministerio de Cultura han sufrido un ataque de denegación de servicio o DDoS que impide el acceso a ambas desde las 18.00 aproximadamente. ‘Anonymous’, un grupo de ciberactivistas sin líder, convocó a los internautas a través de 4chan para realizar este ataque en su ‘Operation payback‘ (‘Operación Venganza’), la misma que en semanas anteriores afectó a las páginas de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA), la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA), la firma de abogados ACS: Law o Ministry of Sound, entre otras.
Con esta acción, este grupo de internautas quiere protestar de forma «organizada» y no como «vándalos«, según su propia descripción, contra «el reino de organizaciones extremistas pro copyright y contra los perros de presa de la industria del entretenimiento«. Ello a través de un ataque DDoS, una operación común en la Red que consiste en aumentar el volumen de tráfico de un sitio hasta saturarlo y provocar su ‘caida‘, es decir, la interrupción de su servicio. Una acción para la que hace falta congregar a miles de internautas y cuyo éxito es después catalogado como tal, una lista a la que en próximas semanas seguro que se añadirán objetivos.
Un modelo de protesta que, sin la colaboración de internautas de todo el mundo no podría haber dado este resultados. Su éxito se debe no sólo a que fuese anunciado en 4chan, el segundo foro más importante con millones de usuarios gamberros cuyos méritos son, entre otros, entrar al correo de Sarah Palin, sino también al éxito de la protesta en redes sociales como Twitter, donde #payback es uno de los temas del día.
Uno de estos ataques, el realizado contra ACS: Law resultó en la publicación de los datos de miles de usuarios de banda ancha en Reino Unido. Anonymous asegura en su página web que las entidades afectados les han forzado a realizar el ataque «cuando ignoraron a la gente, atacaron a la gente, mintieron a la gente«.
La SGAE cae primero; Cultura, después
Este grupo de internautas, Anonymous, cuya organización no es jerárquica ni sus acciones tiene un líder, sino que se coordinan por todos los miembros desde la Red, explica en su sitio web que «a lo largo de los últimos años hemos visto una revolución tecnológica«. «Una en la que eres libre, en el sentido más extremadamente anárquico, para compartir ideas«. Sin embargo, a pesar de que la gente «abraza esta revolución, esta nueva ‘anarquía’ o libertad para compartir«, los líderes, según Anonymous, «la han aplastado y buscan aplastarla incluso antes de que comience de forma seria«.
Así, explican que esto que sucede es lo mismo que sucedió cuando «los líderes que tratan de destruir esta libertad«, que son los únicos que consideran anarquistas a los usuarios, «trataron de silenciar el vinilo, el cassette y el CD«. En esos momentos hicieron las mismas afirmaciones y fueron ignoradas, así que desde Anonymous se preguntan por qué hoy se escuchan. Y contra ello protestan.
A lo largo del día, la página web de la SGAE alternó momentos de funcionamiento normal con otros en los que no estuvo disponible. Fuentes de esta organización explicaban entonces que, aunque conocían el anuncio, no podían confirmar que los fallos en el servicio se debiesen al ataque.
Sin embargo, poco después de las 18:00 horas del miércoles, cuando su página dejó de estar en funcionamiento por completo, el ministerio de Cultura reconoció que los fallos en su sitio web se deben a que han sufrido un ataque. A esa, sin embargo, en el sitio web de ‘Operation Payback‘ daban por completo el ataque contra la SGAE pero no contra el ministerio.
Fuente: El Mundo