Gonzalo Fernandez
«Con la nueva ley EEUU podrá encarcelar a cualquiera»
En una época de recesión o mínimo crecimiento, en lugar de los programas sociales, la lucha contra el terrorismo sigue siendo el tema principal de la agenda de EEUU. El Senado del país ha aprobado una iniciativa que establece que todo presunto terrorista capturado dentro o fuera del país deberá permanecer bajo custodia militar. Según algunos expertos, la simple consideración de que alguien es un extremista, servirá para encarcelar a cualquiera.
Con 55 votos a favor y 45 en contra, los senadores rechazaron una enmienda que buscaba limitar la custodia militar solamente a los sospechosos capturados en el exterior.
Asimismo, en el marco del proyecto de la ley sobre gastos militares para el año fiscal 2012, valorado en 662.000 millones de dólares, se ha votado a favor de una mayor autonomía militar que otorgue más poderes al Ejército.
No obstante, la Casa Blanca no descarta que el proyecto de ley pueda ser vetado, ya que prácticamente legaliza el mantenimiento de ciudadanos en prisiones militares sin que se les hayan presentado cargos oficiales.
Según opina el pacifista estadounidense Tighe Barry, si el proyecto se convierte en una ley en vigor, las autoridades podrán hacer lo que quieran: «Podrán decir que cualquiera está en contra de la ley y encarcelarlo bajo pretexto de que podría ser un terrorista«.
Fuente 1: Russia Today
Fuente 2: 1984
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Las 25 noticias más censuradas 2010/2011 (N° 3): Obama autoriza campaña internacional de asesinatos
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
El estadounidense Anuar Al-Aulaki, nacido hace 40 años en Nuevo México, fue asesinado el pasado viernes 30 de Septiembre 2011 en el Yemen, por orden de Barack Obama, tras ser declarado terrorista y anunciarse a los medios en Abril de 2010 que estaba en una lista presidencial de ejecuciones extrajudiciales. La administración Obama puso reservadamente en ejecución una “idea incompleta” legada por la presidencia de George Bush II que consiste en un programa presidencial internacional de asesinatos “de hecho”. Documentos judiciales, evidencias ofrecidas por Human Rights Watch y un reporte especial de Naciones Unidas alegan que se ha puesto en “listas de la muerte” a ciudadanos de EEUU sospechosos de “animar el terror”. Las listas de la muerte, obviamente, apuntan a estadounidenses musulmanes.
El ex Director de Inteligencia Nacional de Obama, Dennis Blair, almirante retirado, dijo en una sesión del Congreso que el programa estaba dentro de los derechos del Poder Ejecutivo y, por tanto, los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Obama se las arregló, en Abril de 2010, para quedar en el anonimato, pero envió a sus empleados de la Casa Blanca a recorrer los grandes medios para filtrar su decisión de asesinar al estadounidense Anuar al-Aulaki donde fuera encontrado por la CIA y la noticia fue reproducida como propaganda sin cuestionar la asunción de un poder presidencial sobre la vida y la muerte de los ciudadanos acusados de “terrorismo” sin debido proceso y contra la Constitución.
Por lo menos se sabe de otras dos personas que han sido asesinadas por operativos de la CIA bajo esa orden presidencial. Cuando el programa fue desafiado en una corte de Nueva York, en Diciembre 2010, el juez John Bates rehusó acoger la demanda diciendo: “hay circunstancias en que la decisión del Ejecutivo de matar a ciudadanos de EEUU en ultramar está constitucionalmente comisionada a las ramas políticas [del gobierno] y es judicialmente inapelable”.
Las “listas de la muerte” salieron a la luz pública con un enfoque más fundado en la razón y los derechos ciudadanos que en la histeria mediática el 8 de Diciembre de 2010, cuando el periodista William Fisher, de la agencia informativa Inter Press Service, reportó que el día anterior el juez Bates rehusó acoger una demanda de Nasser Al-Aulaki respecto a los derechos de su hijo Anuar Al-Aulaki, un clérigo musulmán residente en Yemen y nacido en Nuevo México, que supo de su inclusión en la lista. La judicatura renunció a desafiar la política de Obama de anotar para su futura muerte a ciudadanos de EEUU que están fuera de las zonas de combate y no plantean una amenaza inminente.
El magistrado admitió la «cuestión política” y reconoció “que algo perturbaba su conclusión”. Llamó al caso “único y extraordinario” y dijo que resulta crudo y deja perplejo, pues plantea “cuestiones fundamentales de la separación de poderes que involucran el papel apropiado de las cortes en nuestra estructura constitucional”. Pero en definitiva, rehusó el caso con argumentos procesales y encontró que “deben aguardar otro día los asuntos importantes respecto a los méritos de la autorización alegada de muerte anotada de un ciudadano de EEUU en ultramar«.
Marcados para morir
El caso fue llevado a la corte en Agosto 2010 por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, su sigla en inglés) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en ingles). Después que el juez acogió la moción del gobierno de sobreseer el caso, el jurista de la ACLU Jameel Jaffer dijo: “Si la sentencia está correcta, el gobierno tiene autoridad irrevocable para realizar matanzas apuntadas de norteamericanos dondequiera que el presidente juzgue que son una amenaza para la nación (…) Sería difícil -añadió- una proposición más inconsistente con la Constitución o más peligrosa para la libertad norteamericana”.
Jonathan Manes, asociado legal del Proyecto de Seguridad Nacional de la Fundación ACLU, le dijo a IPS: “La corte ha limitado drásticamente quién puede acudir a la justicia para desafiar una muerte apuntada antes del hecho. Ha dicho ‘si marcan a una persona para matarla, el estado de la persona apuntada probablemente podría intentar conducir una acción de muerte por negligencia después del hecho’ (…) El problema es que la decisión del juez Bates sugiere que las cortes no tienen ningún papel en la determinación de la legitimidad de una matanza anotada, incluso después de cometida -por ejemplo en un pleito de muerte por negligencia-, incluso si la víctima es un ciudadano de EEUU«, dijo. “Según el juez Bates, las reglas que gobiernan la muerte apuntada de ciudadanos se pueden escribir y aplicar en secreto, sin controles independientes en absoluto. Rechazamos la idea que el presidente tenga un poder tan amplio sobre las vidas y las muertes de ciudadanos en el extranjero”.
La ACLU y el CCR fueron requeridos por Nasser Al-Aulaki para iniciar un pleito respecto a la decisión del gobierno de autorizar la inclusión en la «lista de la muerte» de su hijo Anuar Al-Aulaki, ciudadano de EEUU asesinado finalmente el 30 de Septiembre 2011. La demanda pidió que la corte dictaminara -fuera del contexto del conflicto armado- que el gobierno puede ejecutar muertes apuntadas de un ciudadano de EEUU solamente como último recurso para frustrar una amenaza inminente para la vida o la seguridad física. El libelo también pidió a la corte ordenar al gobierno divulgar la norma jurídica que utiliza para colocar a ciudadanos de EEUU en listas de la muerte.
El juez no contestó a la pregunta preocupante de los demandados: “¿Cómo es que se requiere la aprobación judicial cuando el gobierno decide apuntar para su vigilancia electrónica a un ciudadano de EEUU en ultramar, pero se prohíbe el escrutinio judicial cuando EEUU decide a apuntar para su muerte a un ciudadano estadounidense en ultramar?”
Mientras tanto, un juez yemení ordenó a la policía el sábado 4 de Diciembre 2010 capturar “vivo o muerto” a Anuar al-Aulaki, a quien el gobierno de EEUU describe como un clérigo musulmán radical que se ha ligado a varios diagramas de terror en EEUU. Lo han vinculado al diagrama de bomba del avión de carga el pasado mes de Noviembre, al bombardero de una fábrica de ropa interior de Detroit y puede ser conectado con el bombardeo frustrado de Times Square.
Emplazamiento de HRW a Obama
Otras organizaciones de derechos humanos también están involucrándose en esta controversial batalla judicial. Human Rights Watch (HRW) invitó al presidente Barack Obama “a clarificar inmediatamente [por parte del gobierno] el raciocinio legal para muertes apuntadas”.
En una carta al presidente Obama, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, dijo que el gobierno “debe contestar a las cuestiones fundamentales de cómo su administración determina si una persona puede ser apuntada”. Añadió: “Tales operaciones pueden ser legales en determinadas circunstancias, pero la ausencia de límites claros violará inevitablemente el derecho internacional y fijará un peligroso precedente para los regímenes abusivos del mundo entero”.
La administración Obama amplió dramáticamente el uso de listas de muerte fuera de los campos de batalla tradicionales que siguieron a los ataques del 11 de Septiembre de 2001. Muchas de estas matanzas son conducidas por la CIA con el uso de los sistemas de aviones sin tripulación de combate, o abejones (drones).
El gobierno de EEUU afirma que, bajo el derecho internacional, tiene autoridad para utilizar fuerza letal fuera de las zonas de guerra bien definidas, porque enfrenta un conflicto armado global con Al-Qaeda y fuerzas asociadas. La carta de Roth a Obama dijo que “la demanda del gobierno de EEUU de que el mundo entero es un campo de batalla en el cual son aplicables las leyes de la guerra, mina las protecciones del derecho internacional. Esta noción desacreditada invita al uso de la fuerza mortal a otros países en situaciones donde EEUU se opondría fuertemente a su uso”.
HRW invitó a Obama a “proporciona mayor claridad en cómo el gobierno de EEUU determina cuando una matanza apuntada en una situación de conflicto armado resuelve los requisitos de la distinción y proporcionalidad bajo las leyes de la guerra y las medidas que está tomando para minimizar daño civil”.
Opinión: Obama supera a Bush
Glenn Greenwald, de http://www.Politics.Salon.com, escribió el 7 de Abril 2010:
“Hoy, The New York Times y The Washington Post confirman que la Casa Blanca de Obama ahora autorizó expresamente a la CIA para matar a Al-Aluaki no importa dónde lo encuentren, ni a que distancia esté de un campo de batalla. Escribí largamente sobre los peligros y la anarquía extrema de no prohibir al Ejecutivo el poder de asesinar a ciudadanos de EEUU lejos de un campo de batalla (es decir, mientras están durmiendo, en casa, con sus niños, etc.) y sin el debido proceso de cualquier clase. No repetiré esos argumentos (…) sino que quiero destacar cuan increíblemente orwelliano y tiránico es esto que hoy está a la luz en estos nuevos artículos …
“Ahora, en los Estados Unidos de Barack Obama, la manera de determinar la culpabilidad de los ciudadanos norteamericanos –y la imposición de la pena de muerte– es que el presidente, como piensa el rey que él es, decreta secretamente la culpabilidad de alguien como terrorista. Entonces él despacha a sus asistentes a correr a los periódicos de EEUU –ocultándose cobardemente detrás del escudo del anonimato que él mismo se concede– para proclamar que el culpable será muerto cuando sea visto porque el Líder lo ha decretado así por ser un terrorista. Simplemente, se afirma que Aulaki se ha convertido en un clérigo que expresa opiniones anti-norteamericanas y abogan por hacerlo blanco de un ataque militar estadounidense por terrorista “involucrado en diagramas”. Estos periódicos imprimen, entonces, este veredicto ejecutivo sin preguntar, sin ninguna oposición, ninguna investigación, ninguna refutación en cuanto a su verdad. Y el castigo se decreta así: la CIA ahora asesinará a este ciudadano norteamericano porque Barack Obama ha pedido que así se haga. ¿Qué clase de persona podría justificar esto como posible o pensar que así se ejerce un poder de gobierno legítimo?
“Sólo para conseguir un sentido de cómo es este comportamiento extremo, considere –como lo divulgó el NYT– que ni siquiera George Bush apuntó a los ciudadanos norteamericanos para este tipo de matanza extrajudicial (aunque un ataque de abejón en Yemen, 2002, dio lugar a la muerte de un ciudadano norteamericano). Más llamativo, Antonin Scalia, en el caso de Hamdi v. Rumsfeld, 2004, escribió una opinión (unido a Justice Stevens) sosteniendo que era inconstitucional que el gobierno de EEUU simplemente encarcelara (aún menos matara) a ciudadanos norteamericanos como “combatientes enemigos”; en su lugar, discutieron, la Constitución requiere que encausen a los norteamericanos por crímenes (tales como traición) y se les de un juicio antes de ser castigados. La corte completa de Hamdi sostuvo que por lo menos se requiere un cierto debido proceso antes que los americanos puedan ser encarcelados como “combatientes enemigos.” Con todo, ahora Barack Obama está demandando el derecho, no simplemente a encarcelar, sino de asesinar lejos de cualquier campo de batalla, a los ciudadanos norteamericanos sin ninguna clase de debido proceso. Incluso, el congresista republicano Pete Hoekstra, cuando interrogó al almirante Blair, reconoció los severos peligros de aumentar este poder omnímodo.
“¿Y qué pasa con todos los progresistas que gritaron por años contra el tratamiento tiránico de la administración Bush a Jose Padilla? Bush simplemente encarceló a Padilla por años sin un juicio. ¿Si ése fue un vicioso asalto tiránico a la Constitución –y así fue– ¿qué debe decir el ganador del Premio Nóbel de la Paz [Obama] sobre el asesinato de ciudadanos norteamericanos sin debido proceso?
“Todo esto subraya el punto principal marcado en un nuevo artículo excelente de Eli Lake, que recopila y documenta comprensivamente lo que bien conocen aquí los lectores: que mientras los discursos de Obama y algunas políticas de su administración han acentuado una ruptura con lo que fue la era de Bush,” la realidad es que esta administración ha conservado y, en algunos casos, reconstruido lo esencial de Bush/Cheney respecto a las libertades civiles y al terrorismo. Como Al Gore, en su magnífico discurso 2006, protestó por la “Guerra de Bush contra la Constitución”:
“–¿Puede ser verdad que cualquier presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución?
“–Si la respuesta es sí, entonces ¿bajo qué teoría se rige la comisión de estos actos?, ¿hay actos que puedan ser prohibidos en su cara?
“–Si el presidente tiene la autoridad inherente para escuchar detrás de las puertas de los ciudadanos norteamericanos sin una autorización, encarcelar a los ciudadanos norteamericanos por su propia declaración, secuestrarlos y torturarlos, ¿después qué no puede hacer él?
“–Observe el poder que fue perdido desde la acusación de Gore al radicalismo de Bush: el poder de matar a ciudadanos norteamericanos. Añada a esta letanía lo que Obama ahora ha hecho y considere cómo se convierten los cuestionamientos acusatorios de Gore que ahora obligan más.
“–Actualización: Cuando Obama buscaba la designación demócrata, el Colegio de Derecho Constitucional contestó a un cuestionario sobre el poder ejecutivo distribuido por Charlie Savage del Boston Globe, y ésta fue una de sus respuestas:
“–5. ¿Permite la Constitución que un presidente detenga a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales?
–[Obama]: No. Rechazo la demanda de la administración Bush de que el presidente tenga autoridad plenipotenciaria bajo la Constitución para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos como combatientes enemigos ilegales.
“Pues bien, en aquel entonces Obama dijo que el presidente carece de poder simplemente para detener a ciudadanos de EEUU sin cargos. Ahora, como presidente, él se arroga el poder de asesinarlos sin cargos.
Incluso sus seguidores duros, de corazón, ¿podrían intentar reconciliar eso con una apariencia seria?
“Como Spencer Ackerman documenta hoy, no sólo John Yoo reclama contra la arrogación de poderes del presidente. Obama está demandado aquí”.
Epílogo (Hispantv.com)
“Fuentes yemeníes y estadounidenses han comunicado este viernes [30 de Septiembre 2011] la muerte de Anuar al-Aulaki, ciudadano estadounidense de origen yemení, quien era uno de los terroristas de Al Qaeda más buscados, fallecido en un ataque organizado por la CIA y por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) dentro de Yemen.
“Anuar al-Aulaki, junto a otros integrantes de la red de Al Qaeda que le acompañaban murieron en el ataque aéreo, efectuado durante la mañana del viernes contra dos vehículos en que transitaban entre Maarib, en el este de la ciudad capitalina de Saná, y Juf, provincia fronteriza con Arabia Saudita, informa AFP citando a fuentes tribales.
“El presidente estadounidense, Barack Obama, ha calificado la muerte de al-Aulaki como «un golpe muy duro contra el brazo más activo de Al Qaeda«.
“Al-Aulaki, considerado por Estados Unidos como una amenaza tan grande como Osama bin Laden, había sobrevivido a un bombardeo estadounidense similar a principios de mayo, poco después de que el presidente Obama informara de la eliminación del líder de Al Qaeda en Paquistán.
“El 24 de Septiembre la aviación yemení trató de cumplir el deseo estadounidense al lanzar un ataque contra un supuesto paradero de al-Aulaki en la provincia de Shabwa, en el sur del país. No obstante, al-Aulaki no se hallaba en la localidad al momento del bombardeo. Dicho ataque se cobró 34 vidas”.
Foto: Anuar al-Aulaki
Fuentes:
-Muere alto miembro de Al Qaeda en Yemen http://www.hispantv.com/detail.aspx?id=166619
-“Judge declines to Rule on Targeted Killings of U.S. Citizens,” William Fisher, Inter Press Service, Dec. 8, 2010. http://ipsnorthamerica.net/news.php?idnews=3426
-“Letter to President Obama – Targeted Killings,” Human Rights Watch, Dec. 7, 2010. http://www.hrw.org//en/news/1210/12/07/letter-obama-targetedkillings
-“Confirmed: Obama Authorizes Assassination of U.S. Citizen,” Glenn Greenwald, Salon.com, Apr. 7, 2010. http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/04/07/assassinations
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar. 30, 2010. http://www.extrajudicialexecutions.org/unitedstateoof america1
-Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, Mar 30, 2010. http://www.extrajudicialkillings.org/LegalObservations
-“Extra Judicial Killings: U.S. Government ‘Death List’ for American Citizens,” Francis A. Boyle, Global Research, February 10, 2010. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17527
-Student Researchers: John M. Curtin, Molliann Zahm, Maria Rose, Vincent Caruso & George Antzoulis, Niagara University
-Faculty Evaluator: Brian Martin Murphy, Niagara University; Mickey Huff, Diablo Valley College
Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
Fuente 1: ARGENPRESS.info
Fuente 2: 1984
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La muerte de Gadafi, silenciando a un dictador
Brutales imágenes de la muerte del presidente libio Muamar Gadafi circulan el orbe; Obama y los rebeldes celebran. ¿Pero acaso su muerte no fue el último acto siniestro en esta guerra violatoria de los derechos humanos?
Sangrientas imágenes difundidas hoy alrededor del mundo muestran la muerte del presidente de Libia Muamar Gadafi, quien fue acorralado y asesinado por las fuerzas rebeldes apoyadas por la OTAN en una especie de linchamiento público. Más allá de las excentricidades de Gadafi y su innegable autoritarismo, no hay que olvidar la forma en la que la OTAN invadió Libia, apoyando a los rebeldes desde su gestación, sin tomar mucho en cuenta la ley internacional, devastando el país y ahora posiblemente tomando control de sus recursos (Libia es el país más rico de África).
La muerte un tanto salvaje –las imágenes de snuff son porno de la muerte– de Gadafi tiene varias aristas. Quizás no sea menor el hecho de que convenientemente evita a las Naciones Unidas un juicio que, aunque seguramente representado en los medios como los delirios de un hombres desquiciado, habría sido inquietante para países como Estados Unidos ante la posibilidad de que Gadafi revelara información confidencial, posiblemente hablando sobre la sombría relación entre Al-Qaeda y la CIA o de sus múltiples reuniones de negocios con el ex primer ministro británico Tony Blair (Gadafi dio una muestra cuando dijo ante la ONU que la gripe H1N1 era un arma biológica).
Dictadores que fueron parte del sistema —como Saddam Hussein y Slobodan Milosevic— y que luego fueron incómodos para el orden mundial establecido, fueron asesinados antes de que pudieran defenderse públicamente y declarar en contra de los poderes occidentales que antes los cobijaran (Milosevic murió envenenado estando bajo custodia de la ONU de la manera más sospechosa).
A diferencia del ritual mediático negativo para los intereses de la OTAN que podría ser un juicio por crímenes de guerra en La Haya (los crímines de guerra solo son crímenes cuando se pierde la guerra), el ritual de la muerte de Gadafi, esa carnicería recirculada por todos los medios, sirve como una cruda advertencia a los mandatarios árabes que se oponen al régimen global, y las celebraciones de las fuerzas rebeldes —aquellas infiltradas por la CIA— le sirve a Obama como una prueba en Occidente de que liberó al oprimido pueblo libio de un dictador y está feliz gracias a la magnanimidad de Estados Unidos, el santo patrón de la libertad.
Fuente: Pijamasurf
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«Creo que fue ejecutado», dice analista sobre la muerte de Moammar Gadhafi
El analista político Emilio Viano cree que el coronel Gaddafi fue ejecutado por las fuerzas rebeldes y comenta con RT el futuro de Libia.
El ex líder libio murió al intentar huir de su ciudad natal de Sirte ocupada por las fuerzas del CNT. París confirmó que aviones franceses identificaron y atacaron al convoy militar en el que viajaba Gaddafi, antes de que este fuera alcanzado por los rebeldes.
Varios vídeos difundidos por los medios locales muestran a un Gaddafi herido pero todavía vivo que aparece siendo golpeado por la gente. Según algunas fuentes, un joven de 18 años fue el autor del disparo que acabó con la vida del coronel.
Duras críticas a propuesta de gobierno chileno de penalizar protestas sociales
Piñera y su gran mentor
03 de Octubre de 2011 – Luego que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciara que su gobierno impulsará una reforma del Código Penal, que tendrá como objetivo endurecer las penas contra quienes encabecen medidas de fuerza, varios sectores manifestaron su oposición a la iniciativa.
El mandatario explicó que se intenta más dureza en las penas a quienes “agredan a Carabineros en manifestaciones públicas”, además de establecer como delito “la ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, entre ellos, colegios, liceos, universidades, viviendas y recintos comerciales, industriales, y religiosos.
Si la reforma es aprobada por el Parlamento chileno, quienes incurran en estos hechos podrían ser condenados entre 541 días hasta tres años de cárcel.
“Estamos haciendo lo correcto, proteger a los inocentes y condenar a los delincuentes; los vándalos, los encapuchados nunca van a tener la última palabra en nuestra sociedad”, declaró Piñera, en referencia directa a las masivas movilizaciones estudiantiles que desde hace cuatro meses se llevan adelante en todo el país, en demanda de la gratuidad de la educación.
Después del anuncio, las voces contra la iniciativa se acrecentaron, como el caso del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, que sostuvo que esa medida “criminaliza el movimiento” de estudiantes.
Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Aldo Cornejo, afirmó que el proyecto es “una respuesta inadecuada a los problemas que hoy vive el país”.
“El gobierno se equivoca si pretende resolver los problemas estructurales de la educación, metiendo a la cárcel a los estudiantes. Obviamente el camino es el diálogo, las propuestas constructivas y no la represión”, aseveró el legislador.
Cornejo agregó que los ciudadanos saben la política del gobierno en materia de seguridad ciudadana “ha sido un fracaso, que las cifras han aumentado y que, además, existe un clima de descontento social producto de numerosas promesas incumplidas”.
Por su parte, el integrante de la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), Sebastián Farfán, calificó la iniciativa oficial como algo “negativo”.
“La medida daña aún más las confianzas y perjudica el diálogo fructífero de las mesas (con el gobierno) porque los compañeros que están se preguntan si de verdad hay voluntad para avanzar o hay más empeño en desarticular al movimiento. Esto confirma nuestras sospechas”, explicó el dirigente estudiantil.
A su vez, la referente de la Universidad de La Serena, Laura Palma, expresó que el Ejecutivo “está desesperado por controlar la efervescencia porque más que querer solucionar el problema de fondo quieren terminar con las marchas y el conflicto”.
Para el presidente de la Federación de Estudiantes Chilenos (Feuc), Giorgio Jackson, la medida “responde solamente a la lógica de revisar el síntoma y no revisar la enfermedad. Se está haciendo una mirada superficial del tema”.
El próximo miércoles se espera una nueva reunión entre las federaciones estudiantiles y el Ministerio de Educación, donde se seguirá debatiendo sobre la gratuidad del sistema educativo que, en la actualidad, es uno de los más costosos y excluyentes a nivel mundial, según las denuncias de estudiantes y profesores y de estudios de especialistas en la materia.
Fuente: Aporrea.org
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Minas de uranio, un «cáncer» para los indígenas de EEUU
A la Nación Diné o Navaja, una de las comunidades indígenas de EEUU que habitan la región de Blackmesa, en el estado de Arizona, el concepto de “civilización” les recuerda más la ruina que el progreso. Hace 50 años, en esta zona se descubrieron yacimientos de uranio, mineral que se explotó hasta agotar las vetas. Una vez concluidas estas operaciones, las empresas se retiraron, dejando un legado de contaminación y enfermedad.
“Todo se ha perdido. Esta era una tierra donde podíamos criar cabras y sembrar, pero el Gobierno y la gente codiciosa de afuera vinieron, explotaron los minerales, dejaron el suelo y el agua contaminados y se llevaron todo, dejándonos el desierto, la miseria y la enfermedad. Veo la tierra morir lentamente”, dice Elsee Tohomie, una anciana de la Nación Navaja.
Algunos kilómetros más al norte, Rolanda, residente navaja de Blackmesa, muestra una fotografía de su juventud. Y aunque esta mujer diné aún no ha cumplido los 40 años, el cáncer, los derrames cerebrales y otros problemas de salud la han dejado postrada y dependiente de píldoras y tratamientos. Ella considera que la presencia de uranio en el pozo que está ubicado en las cercanías de su hogar, tiene mucho que ver con su situación actual.
“Me gustaría obligarles a los funcionarios del Gobierno a beber el agua contaminada con uranio. Me gustaría ver sus rostros, sintiendo el sabor amargo de su codicia y falta de respeto por la vida. No queda nada después de mí, mis tres hijos están casi tan enfermos como yo. Hace varios años yo fui quien les dijo sobre el agua. Nadie hizo caso y, así, uno a uno nos fuimos enfermando y muriendo”.
Rolanda y los demás no podían abandonar la región: el acta denominada “Bennett Freeze”, de 1966, limitaba el movimiento de los habitantes de la reserva navaja hacia otras áreas fuera de la región de Blackmesa.
Bajo la justificación de mediar en una disputa territorial entre las naciones indígenas navaja y hopi, la normativa “Bennett Freeze” hacía ilegal cualquier desarrollo urbano en la zona, pues la misma pasaba a tener estatus federal, y permitía licitaciones gubernamentales para explotar los recursos minerales. En ese período, miles de miembros de la Nación Diné quedaron limitados a vivir durante 40 años en tierras y hogares vulnerables a la contaminación y al deterioro paulatino.
Hasta hace poco, más de 200 mil personas dependían de pozos y cisternas. Hay estudios que revelan la toxicidad de estas aguas y los casos de cáncer continúan causando numerosas víctimas e incertidumbre entre los pobladores de esta comunidad.
En el curso de su administración, el presidente Barack Obama levantó las restricciones impuestas por la ley “Bennett Freeze” y expresó su voluntad de incluir a los indígenas en su agenda gubernamental.
“Durante mi campaña he prometido que los indígenas estadounidenses no serán olvidados, ni abandonados. Ellos serán parte de mi administración y trabajaremos juntos para hacer los cambios necesarios con miras al futuro”.
A pesar de esto, para los activistas navajos persiste la necesidad de detener el avance de la contaminación en la zona de Blackmesa. Asimismo, esperan el cumplimiento de las promesas presidenciales en otros ámbitos como la educación, la construcción de caminos y el desarrollo económico.
“Las comunidades todavía sufren los efectos del uranio y otros metales; no hay carreteras, no hay educación y tampoco oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo se supone que vivamos así? ¿Cuánto más tendremos que esperar?”, cuestiona Raymond “Don” Yellowman, líder y activista nee-navajo.
Algunos integrantes de la Nación Navaja que ya no se ven limitados por la legislación “Beneth Freeze” han empezado a abandonar Blackmesa. Este éxodo, a su vez, los aleja de sus comunidades y cultura, enfrentándolos a una realidad de exclusión en otros contextos sociales. De ahí la urgencia de acciones, no de palabras.
Fuente: Russia Today
El ex presidente argentino Carlos Menem, absuelto por contrabando de armas
Un Tribunal argentino ha absuelto al ex presidente Carlos Saúl Menem de supuesto contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato (1989-1999).
En el marco del proceso, que arrancó en 2008, la Fiscalía pedía ocho años de prisión para el ex mandatario de 81 años por la supuesta venta entre 1991 y 1995 de unas 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia.
Según la acusación, dicho tráfico habría sido posible tras la firma por parte del ex mandatario y de sus ministros de tres supuestos decretos que autorizaban envíos de armamentos a Panamá y Venezuela, aunque su destino final habría sido Croacia y Ecuador. En aquel entonces en Croacia regía un embargo de armas de Naciones Unidas, mientras que Argentina era garante de paz en el conflicto territorial entre Perú y Ecuador.
Menem, que actualmente ejerce como senador por la provincia de Rioja, había declarado su «absoluta y total inocencia» en lo que se considera uno de los mayores escándalos de corrupción de su gestión.
Óscar Guisoni, analista político del diario ‘Página 12’, considera que en los casos de corrupción de alto nivel es casi imposible demostrar la culpabilidad de un presidente. Según el experto, puede haber muchísimos implicados en un proceso de contrabando, pero “llegar a que un presidente sea declarado responsable siempre es complicado”.
La causa por la venta ilegal de armas no es la única que tuvo que afrontar Menem durante los últimos años de su gestión. Actualmente el ex mandatario está siendo procesado en relación al atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 que dejó 85 muertos. Menem está acusado en concreto de evitar que se investigara a ciudadanos sirios. También fue investigado por el supuesto cobro de un soborno para la fabricación de documentos de identidad, así como por la explosión de una planta militar y la venta ilegal de terrenos.
Para Guisoni, el ex presidente argentino es un hombre “con una gran capacidad para ir eludiendo este tipo de trampas judiciales”. Aunque Menem tiene bastante causas pendientes con la justicia, su avanzada edad complica aún más la posibilidad de una condena.
“Es una de estas figuras como el general Pinochet que mueren impunes por más que se sospeche y haya más de una razón para pensar que tiene culpabilidad en alguna de las causas que se le imputan”, sostiene Guisoni.
Fuente: Russia Today
Agricultores orgánicos demandan a Monsanto
29 de Julio de 2011 – Cerca de 300.000 agricultores orgánicos están entablando una demanda en contra de la gigante corporación Monsanto, que en años recientes ha aplastado a granjas orgánicas de costa a costa.
Unas 270.000 granjas orgánicas presentaron una demanda el 30 de Marzo en un intento para mantener orgánica una porción del suministro mundial de alimentos. Los demandantes en el caso son miembros de cerca de 60 granjas familiares, negocios de semillas y organizaciones orgánicas agrícolas.
Dirigido por los cultivadores de semillas orgánicas y la Asociación de Comercio, la demanda arremete contra Monsanto para mantener su semilla de canola Genuity® Roundup Ready® fuera de sus granjas. Agricultores orgánicos afirman que el maíz, algodón, remolacha y otros cultivos suyos han sido contaminados por la semilla de Monsanto, y a pesar de que la contaminación ha sido muy natural y no deseada, Monsanto ha demandado a cientos de agricultores por infringir sus patentes por «casualmente» utilizar su producto.
No solo los agricultores orgánicos están tratando de mantener las cosas -orgánicas- pero ahora muchos de ellos están siendo forzados a tirar la toalla mientras Monsanto desafortunadamente continúa una exitosa guerra sobre la competencia demandando a productores independientes que dirigen granjas orgánicas. En años recientes, Monsanto ha adquirido más de 20 de los grandes productores y vendedores de semillas en el país, y The Street informa que ellos han adoptado una política mientras que sus clientes se ven obligados a usar sus semillas de bioingeniería -y comprarlas cada año – porque no quieren ser incluidos en listas negras para siempre.
La Comisión de Bolsa y Valores lanzó una investigación a los «programas de incentivos a los clientes» deMonsanto el año pasado, y el Departamento de Justicia ha estado investigando la posible violación en relación con las listas negras de clientes desde 2009.
Mientras Monsanto compra a competidores y demanda a otros, las ganancias del año pasado aumentaron un 77%, unos 680 millones de dólares.
La Juez Federal estadounidense Naomi Buchwald estará supervisando el caso de la Asociación de Comercio y Productores Orgánicos de Semillas, y colaboradores de Monsanto en una corte de Manhattan.
Dan Ravicher, director ejecutivo de la Fundación Pública de Patentes (PUBPAT por sus siglas en inglés), afirmó en un comunicado que el caso se reduce a «si Monsanto tiene el derecho de demandar a los agricultores orgánicos por violación de patentes si la semilla transgénica o pollen de Monsanto deberían caer en sus propiedades«.
«Parece bastante perverso que un agricultor orgánico contaminado por semillas transgénicas podría ser acusado de violación de patentes, pero Monsanto ha hecho tales acusaciones anteriormente y es notorio por haber demandado a centenares de agricultores por violación de patente, por lo que tuvimos que actuar para proteger los intereses de nuestros clientes«.
PUBPAT ha presentado una demanda en nombre de los 270.000 demandantes. La fundación funciona como una organización de servicio legal sin fines de lucro que está afiliada a la Escuela de Derecho Benjamín N. Cardozo.
(*) Para el Correo del Orinoco
Fuente: Aporrea.org
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115 mentiras sobre los atentados del 11 de Septiembre
Por David Ray Griffin
Sigue sin haber una versión oficial sobre los atentados del 11 de Septiembre de 2001. No se ha abierto investigación judicial alguna sobre los propios atentados ni la menor investigación parlamentaria. No hay más que una versión gubernamental recogida en un informe presentado por una comisión presidencial. El profesor David Ray Griffin, autor de una obra de referencia en la que estudia ese informe, encontró en ese texto 115 mentiras aquí enumeradas.
Red Voltaire – 4 de Noviembre de 2006
Derrumbe del edificio n°7 del World Trade Center Este edificio no fue impactado por ningún avión y su derrumbe presenta las características de una demolición controlada. (cf. video). La comisión investigadora ni siquiera abordó el tema.
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Para cada mentira nos referiremos a los análisis que hace el profesor David Ray Griffin en su obra Omisiones y manipulaciones de la Comisión Investigadora. Las cifras que aparecen entre paréntesis se refieren a las páginas de la edición original estadounidense de ese libro.
1. Omisión de la prueba de que por lo menos 6 de los supuestos secuestradores aéreos (entre ellos Waled al-Shehri, acusado por la Comisión de haber apuñaleado a una azafata del vuelo UA11 antes del choque del avión contra la torre norte del World Trade Center) están vivos actualmente (19-20).
2. Omisión de pruebas sobre Mohamed Atta (como su pronunciada inclinación por la bebida, por la carne de puerco y las exhibiciones eróticas privadas o lap dances) que contradicen las afirmaciones de la Comisión de que Atta se había convertido en un fanático religioso (20-21).
3. Confusión voluntariamente creada alrededor de las pruebas que demuestran que Hani Hanjur era tan mal piloto que nunca hubiera sido capaz de lograr estrellar un avión de pasajeros contra el Pentágono (21-22).
4. Omisión del hecho que las listas de pasajeros (flight manifests) que se hicieron públicas no contenían ningún nombre árabe (23).
5. Omisión del hecho que nunca, ni antes ni después del 11 de Septiembre, se ha visto que un incendio haya provocado el desplome total de un edificio con estructura de acero (25).
6. Omisión del hecho que los incendios de las Torres Gemelas no fueron ni extremadamente extensos ni especialmente intensos y que ni siquiera duraron mucho tiempo comparados con otros incendios ocurridos en rascacielos (con estructuras) similares sin que estos últimos se desplomaran (25-26).
«Omissions et manipulations de la commission d’enquête sur le 11 septembre» (Omisiones y manipulaciones de la Comisión investigadora) es el libro del profesor estadounidense D. Ray Griffin, en version francesa y disponible en la librería electrónica de la Red Voltaire.
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7. Omisión del hecho que, dada la hipótesis que el incendio provocó los derrumbes, la torre sur, que fue golpeada después que la torre norte y afectada por un incendio de menor intensidad, no debería haber sido la primera en desplomarse (26).
8. Omisión del hecho que el edificio n°7 del World Trade Center (contra el cual no se estrelló ningún avión y que sólo sufrió pequeños incendios muy localizados) también se desplomó, hecho sobre el cual la Agencia Federal para el Manejo de Situaciones de Emergencia (FEMA) confesó que no podía ofrecer ninguna explicación (26).
9. Omisión del hecho que el derrumbe de las Torres Gemelas (y el del edificio n°7) presenta al menos 10 características de haber sido producto de una demolición controlada (26-27).
10. Afirmación según la cual el núcleo de la estructura de cada una de las Torres Gemelas era «un pozo de acero vacío», afirmación que niega la presencia de 47 columnas de acero macizo que eran en realidad el centro de cada torre. Según la teoría del «apilamiento de pisos» (the «pancake theory») que explica los derrumbes, varias decenas de metros de esas columnas de acero macizo debieran haber quedado en pie (27-28).
11. Omisión de la declaración de Larry Silverstein [el propietario del WTC], declaración según la cual el propio Silverstein en coordinación con los bomberos decidió «demoler» –en lenguaje técnico (to «pull»)– el edificio n°7 (28).
12. Omisión del hecho que el acero de los edificios del WTC fue rápidamente recogido del lugar de los hechos y enviado al extranjero por vía marítima ANTES de que pudiera ser analizado en busca de huellas de explosivos (30).
13. Omisión del hecho que el edificio n°7 había sido evacuado antes de su derrumbe, lo implica que la razón que se dio oficialmente para acelerar lo más posible la recogida del acero [en aquel lugar] (porque podía haber sobrevivientes bajo los escombros) no tenía ningún sentido en el caso de este edificio (30).
14. Omisión de la declaración del alcalde R. Giuliani quien dijo que se le advirtió de antemano que el WTC iba a derrumbarse (30-31).
15. Omisión del hecho que Marvin Bush, hermano del presidente estadounidense, y su primo Wirt Walker III eran los directores de la compañía encargada de garantizar la seguridad del WTC (31-32).
16. Omisión del hecho que el ala oeste del Pentágono, [la misma que fue impactada el 11 de Septiembre], era precisamente, por diversas razones, la que menos posibilidades tenía de ser blanco de los terroristas de al-Qaeda (33-34).
17. Omisión de toda discusión tendiente a determinar si los daños que sufrió el Pentágono correspondían realmente con los daños que podría haber provocado el impacto de un Boeing 757 desplazándose a varios cientos de kilómetros por hora (34).
18. Omisión del hecho que existen fotos que demuestran que la fachada del ala oeste no se derrumbó hasta 30 minutos después del impacto y que el orificio de entrada es demasiado pequeño para el diámetro de un Boeing 757 (34).
19. Omisión de todo testimonio contradictorio sobre la presencia o la ausencia de pedazos visibles de un Boeing 757, ya sea dentro o fuera del Pentágono (34-36).
20. Ausencia total de discusión tendiente a determinar si el Pentágono disponía de un sistema de defensa antimisiles capaz de derribar un avión de pasajeros, aún cuando la Comisión sugirió que los terroristas de al-Qaeda decidieron no atacar una central nuclear precisamente porque pensaron que esta dispondría de ese tipo de defensa (36).
21. Omisión del hecho que las imágenes provenientes de diferentes cámaras (incluyendo las de la gasolinera que se encuentra frente al Pentágono, confiscadas por el FBI inmediatamente después del impacto) podrían ayudar a determinar qué fue realmente lo que impactó el Pentágono (37-38).
22. Omisión de la alusión del secretario de Defensa D. Rumsfeld a «un misil [utilizado] para golpear [el Pentágono]» (39).
23. Aprobación aparente de la respuesta, totalmente insatisfactoria, a la pregunta tendiente a saber por qué los agentes del Servicio Secreto permitieron que el presidente Bush permaneciera en la escuela de Sarasota cuando, según la versión oficial, deberían haber pensado que un avión secuestrado podía tener esa misma escuela como blanco (41-44).
24. Fracaso en explicar por qué el Servicio Secreto no pidió una escolta de aviones de caza para [el avión presidencial] Air Force One (43-46).
25. Afirmaciones según las cuales en el momento en que el cortejo presidencial llegó a la escuela [de Sarasota], ninguno de los asistentes sabía que varios aviones habían sido secuestrados (47-48).
26. Omisión del informe según el cual el secretario de Justicia John Ashcroft había recibido una advertencia para que dejara de viajar en líneas aéreas comerciales antes del 11 de Septiembre (50).
27. Omisión de la afirmación de David Schippers de que, basándose en informaciones provenientes de agentes del FBI sobre posibles ataques en el sur de Manhattan, él había tratado infructuosamente de transmitir dicha información al secretario de Justicia John Ashcroft durante las 6 semanas anteriores al 11 de Septiembre (51).
28. Omisión de toda mención sobre el hecho que agentes del FBI afirmaron tener conocimiento de los blancos y fechas de los ataques [terroristas] mucho antes de los hechos (51-52).
29. Afirmación, mediante una refutación circular que da la cuestión por resuelta, de que el desacostumbrado volumen de compras de acciones en baja antes del 11 de Septiembre no implica que los compradores supieran de antemano que los ataques iban a producirse (52-57).
30. Omisión de los informes según los cuales el alcalde [de San Francisco] Willie Brown y ciertos responsables del Pentágono fueron advertidos de que no debían tomar el avión del 11 de Septiembre (57).
31. Omisión del informe según el cual Osama ben Laden, que ya en aquel entonces era el criminal más buscado por Estados Unidos, fue atendido en Julio de 2001 por un doctor estadounidense en el hospital estadounidense de Dubai y que recibió allí la visita de un agente local de la CIA (59).
32. Omisión de los artículos que sugieren que, después del 11 de Septiembre, el ejército estadounidense permitió deliberadamente la fuga de Osama ben Laden (60).
33. Omisión de informes, entre ellos el que reportaba la visita del jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita a Osama ben Laden en el hospital de Dubai, que entran en contradicción con la versión oficial de que la familia de Ben Laden y su país han renegado de este (60-61).
34. Omisión del resumen de Gerald Posner sobre el testimonio de Abu Zubaydah, según el cual tres miembros de la familia real saudita (que murieron los tres misteriosamente con sólo 8 días de intervalo) estaban financiando a al-Qaeda y conocían de antemano la realización de los ataques del 11 de Septiembre (61-65).
35. Desmentido de la Comisión sobre el descubrimiento de una prueba del financiamiento de los sauditas a al-Qaeda (65-68).
36. Desmentido de la Comisión sobre el descubrimiento de una prueba que demuestra que dinero perteneciente a la esposa del príncipe Bandar, la princesa Haifa, fue entregado a agentes de al-Qaeda (69-70).
37. Desmentido, que simplemente ignoró la diferencia existente entre vuelos privados y vuelos comerciales, sobre el hecho que el vuelo privado en el que varios sauditas viajaron el 13 de Septiembre desde Tampa hasta Lexington violó los reglamentos sobre el espacio aéreo establecidos en aquella fecha (71-76).
38. Desmentido sobre la autorización extendida a varios sauditas para que salieran del territorio de Estados Unidos poco después del 11 de Septiembre sin que esas personas fuesen sometidas a una investigación apropiada (76-82).
39. Omisión de la prueba que demuestra que el príncipe Bandar obtuvo una autorización especial de la Casa Blanca para los vuelos de los sauditas (82-86).
40. Omisión de la afirmación de Coleen Rowley según la cual responsables del Cuartel General del FBI habían visto el memo de Phoenix del agente Kenneth Williams (89-90).
41. Omisión del hecho que el agente del FBI en Chicago Robert Wright afirma que el Cuartel General del FBI cerró su investigación sobre una célula terrorista y trató posteriormente de intimidarlo para impedir que publicara un libro en el que relata sus experiencias (91).
42. Omisión de la prueba que demuestra que el Cuartel General del FBI saboteó el intento de Coleen Rowley y de otros agentes [del FBI] de Minneapolis de obtener una orden de búsqueda para conseguir la computadora de Zacarias Moussaoui (91-94).
43. Omisión de las tres horas y media de testimonio que prestó ante la Comisión la ex traductora del FBI Sibel Edmonds que, según una carta que ella misma hizo pública y que dirigió al presidente [de la Comisión] Kean, revelaba serias disimulaciones por parte de responsables del FBI en relación con el 11 de Septiembre y dentro del propio Cuartel General del FBI (94-101).
44. Omisión del hecho que el general Mahmud Ahmad, jefe del ISI [los Servicios de Inteligencia pakistaníes], se encontraba en Washington una semana antes del 11 de Septiembre y que se reunió allí con el director de la CIA, George Tenet, así como con otros altos responsables estadounidenses (103-04).
45. Omisión de la prueba que demuestra que Ahmad, el jefe del ISI [los Servicios de Inteligencia pakistaníes] ordenó el envío de 100.000 dólares a Mohamed Atta antes del 11 de Septiembre (104-07).
46. Afirmación de la Comisión de que no encontró prueba alguna de que algún gobierno extranjero, incluyendo al de Pakistán, haya financiado a agentes de al-Qaeda (106).
47. Omisión del informe según el cual la administración Bush presionó a Pakistán para que Ahmad fuese destituido de su cargo de jefe del ISI después de la divulgación de la información que revelaba que este había ordenado el envío de dinero del ISI a Mohamed Atta (107-09).
48. Omisión de la prueba que el ISI (y no sólo al-Qaeda) se encontraba detrás del asesinato de Ahmad Shah Massud (el comandante de la Alianza del Norte en Afganistán) que se produjo precisamente después de un encuentro que duró una semana entre responsables de la CIA y del ISI (110-112).
49. Omisión de la prueba que demuestra que el ISI está implicado en el secuestro y posterior asesinato de Daniel Pearl, periodista del Wall Street Journal (113).
50. Omisión del informe de Gerald Posner según el cual Abu Zubaydah afirmó que un oficial militar pakistaní, Mushaf Ali Mir, que mantenía estrechos vínculos con el ISI y con al-Qaeda sabía de antemano de los ataques del 11 de Septiembre (114).
51. Omisión de la predicción que hizo, en 1999, Rajaa Gulum Abbas, agente del ISI, de que las Torres Gemelas «se derrumbarían» (114).
52. Omisión del hecho que el presidente Bush y otros miembros de su administración se refirieron repetidamente a los ataques del 11 de Septiembre como «oportunidades» (116-17).
53. Omisión del hecho que el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano («The Project for the New American Century»), muchos de cuyos miembros se convirtieron en figuras claves de la administración Bush, publicó en el año 2000 un documento que decía que un «nuevo Pearl Harbour» ayudaría a conseguir fondos para una rápida transformación tecnológica del aparato militar estadounidense (117-18).
54. Omisión del hecho que Donald Rumsfeld, quien fue presidente de la comisión del US Space Command y había recomendado aumentar el presupuesto destinado a este, se valió de los ataques del 11 de Septiembre, en la tarde de ese mismo día, para garantizar esos fondos (119-22).
55. No se mencionó que las tres personas responsables del fracaso de los esfuerzos por prevenir los ataques del 11 de Septiembre (el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el general Richard Myers y el general Ralph Eberhart) eran también los tres principales promotores del US Space Command (122).
56. Omisión del hecho que Unocal había declarado que los talibanes no podían garantizar la seguridad adecuada para emprender la construcción de sus pipelines (para petróleo y gas) a partir de la cuenca del Caspio y a través de Afganistán y Pakistán (122-25).
57. Omisión del informe según el cual representantes de Estados Unidos dijeron durante un encuentro, en Julio de 2001, que ya que los talibanes rechazaban su proposición de construir un oleoducto, una guerra contra ellos comenzaría en Octubre (125-26).
58. Omisión del hecho que en su libro, publicado en 1997, Zbigniew Brzezinski escribía ya que para que Estados Unidos pueda mantener su predominio global es necesario que ese país controle el Asia central, con sus vastos recursos petrolíferos, y que un nuevo Pearl Harbour sería útil para obtener el apoyo de la opinión pública estadounidense a esos designios imperiales (127-28).
59. Omisión del hecho que miembros claves de la administración Bush, entre ellos Donald Rumsfeld y su delegado Paul Wolfowitz, se esforzaron durante muchos años por desatar una nueva guerra contra Irak (129-33).
60. Omisión de los apuntes de las conversaciones de Donald Rumsfeld correspondientes al 11 de Septiembre que demuestran que este estaba decidido a utilizar los ataques como pretexto para desatar una guerra contra Irak (131-32).
61. Omisión de la declaración que aparece en el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, según la cual «la necesidad de una fuerte presencia estadounidense en el Golfo va más allá del tema del régimen de Sadam Husein» (133-34).
62. Afirmación según la cual el protocolo de la FAA (Federal Aviation Agency) sobre lo sucedido el 11 de Septiembre requería un largo proceso de aplicación que tenía que pasar por varias etapas de la cadena de mando cuando el propio Informe Oficial [de la Comisión] cita pruebas de lo contrario (158).
63. Afirmación según la cual en aquellos días sólo dos bases de la fuerza aérea estadounidense del sector noreste del NORAD (North American Aerospace Defense Command o Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte) mantenían cazas en alerta y, en particular, que no había aviones de combate en alerta en las bases de McGuire y de Andrews (159-162).
64. Omisión del hecho que la base Andrews de la fuerza aérea estadounidense tenía varios aviones de caza en alerta permanente (162-64).
65. Aceptación de la doble afirmación según la cual el coronel Marr, del NEADS (North East Air Defense Sector), tenía que comunicarse telefónicamente con un superior para que este lo autorizara a enviar aviones de caza desde [la base] de Otis y que necesitó 8 minutos para realizar esa llamada (165-66).
66. Aprobación de la afirmación según la cual la pérdida de la señal del transpondedor de un avión hace prácticamente imposible la localización de la nave por los radares militares estadounidenses (166-67).
67. Afirmación según la cual la intercepción de Stewart Payne no demostró que el tiempo de respuesta del NORAD en el caso del vuelo AA11 fue extraordinariamente lento (167-69).
68. Afirmación según la cual los cazas de la base de Otis se mantuvieron en tierra durante 7 minutos después de haber recibido la orden de despegue porque no sabían adónde volar (174-75).
69. Afirmación según la cual las fuerzas armadas estadounidenses no sabían del desvío del vuelo UA175 hasta las 9h30, momento exacto en que este vuelo se estrelló contra la torre sur del WTC (181-82).
70. Omisión de toda explicación sobre (a) la razón por la cual un informe anterior del NORAD, según el cual la FAA notificó a los militares el desvío del vuelo UA175 a las 8h43, se considera ahora como falso y (b) cómo fue que ese informe, si era falso, pudo ser publicado y se mantuvo como válido durante cerca de 3 años (182).
71. Afirmación según la cual la FAA no estableció la teleconferencia sino a partir de las 9h20 de aquella mañana (183).
72. Omisión del hecho que un memo de Laura Brown, de la FAA, afirma que la teleconferencia se estableció sobre las 8h50 y que trató precisamente sobre el desvío del vuelo UA175 (183-84, 186).
73. Afirmación según la cual la teleconferencia del NMCC, (Centro de Mando Militar o National Military Command Center) no comenzó antes de las 9h29 (186-88).
74. Omisión, en la afirmación de la Comisión de que el vuelo AA77 no se desvió de su trayectoria antes de las 8h45, del hecho que la hora mencionada en informes anteriores fue las 8h46 (189-90).
75. Fracaso en mencionar que el anuncio de la caída de un jet en Kentucky, poco después del momento en que el vuelo AA77 desapareciera del radar de la FAA, fue tomada lo bastante en serio por los responsables de la FAA y de la unidad antiterrorista del FBI como para que estos la enviaran a la Casa Blanca (190).
76. Afirmación según la cual el vuelo AA77 voló durante cerca de 40 minutos por el espacio aéreo estadounidense en dirección a Washington sin ser detectado por los radares militares (191-92).
77. Fracaso en explicar, si el anterior informe del NORAD según el cual se le informó a este –a las 9h24– que la trayectoria del vuelo AA77 era «incorrecta», cómo fue que ese informe erróneo pudo salir a la luz, o sea que se trata de saber si los responsables del NORAD mintieron o si fueron «embaucados» durante cerca de tres años (192-93).
78. Afirmación según la cual los aviones de combate de Langley, que según dijera primeramente el NORAD fueron enviados a interceptar el vuelo AA77, fueron realmente desplegados como respuesta a un informe erróneo de un controlador (no identificado) de la FAA de las 9h21 de que el vuelo AA11 se encontraba aún en vuelo y que se dirigía hacia Washington (193-99).
79. Afirmación según la cual los militares no fueron contactados por la FAA sobre el probable secuestro del vuelo AA77 antes del impacto contra al Pentágono (204-12).
80. Afirmación de que Jane Garvey no se sumó a la videoconferencia de Richard Clarke hasta las 9h40, o sea después del impacto contra el Pentágono (210).
81. Afirmación de que ninguna de las teleconferencias logró coordinar la FAA y las respuestas de los militares a los secuestros porque «ninguna [de las mismas] incluía a los responsables adecuados en el seno de la FAA y del Departamento de Defensa», aunque Richard Clarke dice que su propia videoconferencia incluía a la directora de la FAA Jane Garvey, al secretario de Defensa Donald Rumsfeld y al general Richards Myers, jefe interino de las Fuerzas Armadas (211).
82. Afirmación de la Comisión según la cual esta no sabía qué miembros del Departamento de Defensa participaron en la videoconferencia con Richard Clarke cuando el propio Clarke afirma en su libro que se trataba de Donald Rumsfeld y del general Myers (211-212).
83. Aprobación de la afirmación del general Myers de que él se encontraba en el Capitolio durante los ataques sin mencionar el informe contradictorio de Richard Clarke, según el cual Myers estaba en el Pentágono y participó en la videoconferencia con Clarke (213-17).
84. Fracaso al mencionar la contradicción entre el testimonio de Clarke sobre los movimientos de Rumsfeld de aquella mañana y las declaraciones del propio Rumsfeld (217-19).
85. Omisión del testimonio del secretario de Transporte Norman Mineta ante la propia Comisión, testimonio según el cual el vicepresidente Cheney y las demás [personas presentes] en el refugio subterráneo habían sido advertidas a las 9h26 de que un avión se acercaba al Pentágono (220).
86. Afirmación según la cual los responsables del Pentágono no sabían que un avión se estuviera acercando a ellos antes de las 9h32, las 9h34 o las 9h36, o sea sólo minutos antes que el edificio fuera impactado (223).
87. Aceptación de dos versiones que se contradicen entre sí sobre el aparato que impactó el Pentágono: una que describe la ejecución de una espiral de 330 grados hacia abajo (un «picado a gran velocidad») y otra en la que no se menciona esa maniobra (222-23).
88. Afirmación según la cual los cazas provenientes de Langley, que supuestamente recibieron la orden de despegar rápidamente para proteger Washington del «vuelo fantasma AA11» no estaban en lo absoluto cerca de Washington porque fueron enviados hacia el océano por error (223-24).
89. Omisión de todas las pruebas que sugieren que lo que impactó el Pentágono no fue el vuelo AA77 (224-25).
90. Afirmación según la cual la FAA no informó a los militares sobre el desvío del vuelo UA93 antes de que este se estrellara (227-29, 232, 253).
91. Doble afirmación de que el NMCC no monitoreó la conferencia iniciada por la FAA y no pudo por consiguiente conectar a la FAA con la teleconferencia iniciada por el NMCC (230-31).
92. Omisión del hecho que el Servicio Secreto dispone de medios que le permiten tener conocimiento de todo lo que hace la FAA (233).
93. Omisión de toda investigación sobre las razones que llevaron al NMCC a comenzar su propia teleconferencia si, como dijo Laura Brown –de la FAA–, eso no forma parte del protocolo standard (234).
94. Omisión de toda investigación sobre por qué el general Montague Winfield no solamente fue reemplazado por un «bisoño» (a rookie), el capitán Leidig, como director de operaciones del NMCC sino que abandonó además el mando cuando estaba claro que el Pentágono se encontraba ante una crisis sin precedente (235-36).
95. Afirmación según la cual la FAA notificó (de forma errónea) al Servicio Secreto, entre las 10h10 y las 10h15, que el vuelo UA93 se encontraba todavía en vuelo y se dirigía hacia Washington (237).
96. Afirmación según la cual el vicepresidente Cheney no dio la autorización para disparar hasta las 10h10 (varios minutos después de la caída del vuelo UA93) y que esa autorización no fue transmitida a la fuerza aérea hasta las 10h31 (237-41).
97. Omisión de todas las pruebas que indican que el vuelo UA93 fue derribado por un avión militar (238-39, 252-53).
98. Afirmación según la cual [el zar del contraterrorismo] Richard Clarke no recibió el pedido de autorización de fuego hasta las 10h25 (240).
99. Omisión del testimonio del propio Clarke, que sugiere que este recibió el pedido de autorización de fuego hacia las 9h50 (240).
100. Afirmación según la cual Cheney no bajó al refugio subterráneo del PEOC [o CPOU (siglas correspondientes a Centro Presidencial de Operaciones de Urgencia]) hasta las 9h58 (241-44).
101. Omisión de los múltiples testimonios, entre ellos los de Norman Mineta [secretario de Transporte] ante la propia Comisión, testimonios según los cuales el [vicepresidente] Cheney se encontraba en el CPOU antes de las 9h20 (241-44).
102. Afirmación según la cual la autorización para derribar un avión civil tenía que ser otorgada por el presidente (245).
103. Omisión de informes según los cuales el coronel Marr ordenó derribar el vuelo UA93 y el general Winfield indicó que él mismo y otros [oficiales] esperaban en el NMCC que un caza alcanzara el vuelo UA93 (252).
104. Omisión de informes que indican que había dos aviones de caza en el aire a varios kilómetros de New York y tres a sólo 320 kilómetros de Washington (251).
105. Omisión del hecho que había por lo menos 6 bases militares con cazas en estado de alerta en la región noreste de Estados Unidos (257-58).
106. Aprobación de la afirmación del general Myers de que el NORAD había definido su misión solamente en términos de defensa contra amenazas dirigidas [hacia Estados Unidos] desde el extranjero (258-62).
107. Aprobación de la afirmación del general Myers de que el NORAD no había previsto la posibilidad de que un grupo de terroristas pudiera utilizar aviones de pasajeros secuestrados como misiles (262-63).
108. Fracaso en poner en perspectiva la significación del hecho, presentado en el propio Informe, o en mencionar otros hechos que prueban que el NORAD sí había efectivamente previsto la amenaza que podía representar la posible utilización de aviones de pasajeros secuestrados como misiles (264-67).
109. Fracaso en explorar la implicaciones de la cuestión de saber cómo pudieron influir la maniobras militares («war games») programadas para aquel día en el fracaso de los militares en los intentos por interceptar los aviones de pasajeros secuestrados (268-69).
110. Fracaso en discutir la posibilidad que el desarrollo de la Operación Northwoods haya favorecido los ataques del 11 de Septiembre (269-71).
111. Afirmación (presentada para explicar por qué los militares no recibieron la información sobre los aviones secuestrados con tiempo suficiente para lograr interceptarlos) según la cual el personal de la FAA falló inexplicablemente unas 16 veces en la aplicación de los procedimientos normales (155-56, 157, 179, 180, 181, 190, 191, 193, 194, 200, 202-03, 227, 237, 272-75).
112. Fracaso en mencionar que la proclamada independencia de la Comisión se vio fatalmente comprometida por el hecho que su director ejecutivo, Philip Zelikow, era prácticamente miembro de la administración Bush (7-9, 11-12, 282-84). (ndt: era colaborador cercano de Condoleeza Rice)
113. Fracaso en mencionar que la Casa Blanca trató primeramente de impedir la creación de la Comisión [Oficial de Investigación sobre los Ataques Terroristas del 11 de Septiembre] y que obstaculizó después el trabajo de esta, como lo hizo al asignarle un presupuesto extremadamente restringido (283-85). (ndt: Presupuesto estimado en 15 millones de dólares cuando el film de ficción «Vuelo 93» de Paul Greengrass costó 18 millones y «World Trade Centre» de Oliver Stone costó CUATRO VECES MÁS, o sea 60 millones de dólares. En lo tocante al primer punto, la creación de la Comisión no se produjo hasta después de 441 días de los ataques y el presidente Bush propuso que fuera presidida por Henry Kissinger… para luego retractarse ante las violentas críticas de la opinión pública contra esa proposición).
114. Fracaso en mencionar que el presidente de la Comisión, la mayoría de los demás miembros de la Comisión, y por lo menos la mitad del personal de la misma tenía serios conflictos de intereses (285-90, 292-95).
115. Fracaso de la Comisión, la cual se vanagloriaba de que la presentación de su informe final había tenido lugar «sin disensión», en mencionar que esto fue posible únicamente porque Max Cleland, el miembro de la Comisión más crítico en cuanto a la actuación de la Casa Blanca –juró incluso «que no sería cómplice de un tratamiento parcializado de las informaciones»–, tuvo que renunciar a su puesto dentro de la Comisión para poder aceptar un cargo en el Banco Export-Import y que la Casa Blanca dio a conocer su nominación para ese cargo únicamente después que las críticas emitidas por Cleland se hicieron especialmente directas (290-291).
Terminaré precisando que concluí mi estudio del texto que he dado en llamar «el informe Kean-Zelikow» escribiendo lo siguiente: Finalmente, el Informe de la Comisión Investigadora sobre el 11 de Septiembre, lejos de evacuar mis dudas en cuanto a una complicidad oficial, no hizo más que confirmarlas. ¿Qué podría llevar a los responsables encargados de la redacción de ese informe final a montar una superchería de tanta envergadura si no el intento de enmascarar enormes crímenes? (291).
Consejo de la Unión Europea aprueba documento que restringe las libertades civiles
Entre los logros de la Presidencia española de la Unión Europea, ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de «radicalización«. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de «extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización«, según figura en los documentos oficiales.
El pasado 26 de Abril, el Consejo de la Unión Europea reunido en Luxemburgo abordó el punto del orden del día titulado «Radicalización en la UE«, que concluyó con la aprobación del documento 8570/10. La iniciativa forma parte de la estrategia de prevención del terrorismo en Europa, y se concibió inicialmente para grupos terroristas islámicos. Sin embargo, el documento extiende la sospecha de tal forma y en términos tan genéricos que da cobertura a la vigilancia policial de cualquier individuo o grupo sospechoso de haberse radicalizado. Así, un activista de una organización civil, política o ciudadana, sin vínculos con el terrorismo, podría ser espiado en el marco de un programa que invita a investigar desde el «grado de compromiso ideológico o político» del sospechoso, hasta si su situación económica es de «desempleo, deterioro, pérdida de una beca o de ayuda financiera«.
de la HR1955 a la 8570/10…
Hemos venido siendo testigos de un tiempo a esta parte que el Estado Profundo del Gobierno Mundial tiene grandes aspiraciones a controlarlo todo: la oposición, la disidencia, la creación de martires y héroes, en fin todo lo que hace falta para la manipulación. Al mismo tiempo y la parte que de ello se ocupa, el poder legislativo han ido creando corpus doctrinales en la consecuencia de la eliminación de la DISIDENCIA RADICAL, es decir, la disidencia de los ciudadanos que no se creen la verSION ofiCIAl.
Desde EEUU crearon la HR1955 y la estan aplicando duramente y aqui en EEUUropa nos han conseguido meter el año pasado 2010 en el mes de Junio aprovechando la presidencia española y el mundial de futbol la U.E.8570/10 que no es ni mas ni menos que su contrapartida aqui, en EEUUropa.
ALERTA TOTAL: Aprobada hace un año la U.E 8570/10 . Bájate el tríptico que estamos repartiendo para que la gente la conozca, LLEVALO A LA CALLE.
¿Quién puede saber si el 15M ha sido un experimento para ver quién se mueve en EEUUropa?
¿ ¡¡ HEIL ROTH$CHILD !! ?
El Consejo de la Unión Europea aprueba un documento que restringe las libertades civiles
Durante la presidencia española de la Unión Europea
Coincidiendo con el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Sudáfrica el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, está desempeñando un enorme trabajo tanto en su gobierno como en la presidencia española de la Unión Europea.
Este trabajo consiste en la imposición de un Plan de Ajuste aplaudido por la derecha y la patronal, mientras es criticado por los grupos de izquierda en el parlamento y por los sindicatos de trabajadores que ya han convocado una Huelga General para el próximo 29 de Septiembre.
En Europa la labor de la presidencia española se ha materializado en la aprobación de un documento, llamado 8570/10, por el que se permite espiar con todos los medios del gobierno a cualquier persona sospechosa de haberse «radicalizado» hasta convertirse en terrorista. Esta iniciativa fue aprobada hace dos meses por el Consejo de la Unión Europea, presidido por el ministro español de asuntos exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con el apoyo entre otros grupos del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo.
El documento se refiere en varias ocasiones a la lucha que la Unión Europea lleva manteniendo contra el terrorismo desde el 2005, lucha que tiene entre sus principales ejes la «prevención«. Evocando este valor la iniciativa 8570/10 establece el derecho de los estados miembros a espiar a cualquier ciudadano sospechoso de protagonizar un «proceso de radicalización» que lo «lleve al terrorismo«.
El documento hace mención especial a las personas de extrema izquierda, anti-globalización, extrema derecha, nacionalistas y los fundamentalistas religiosos como candidatos para ser terroristas, y pueden ser vigilados usen o no la violencia en sus acciones.
El movimiento contra la globalización está integrado por movimientos políticos y sociales de izquierda, por lo que para la Unión Europea, extrema izquierda es todo aquello que rechace el capitalismo y apueste por una alternativa más social.
El texto aprobado en la institución europea presidida por Moratinos llama a compartir esta información con el resto de estados miembros de la Unión y con los cuerpos policiales europeos.
La Organización No Gubernamental (ONG) statewatch.org que vela por los derechos civiles en Europa ha declarado que este documento «no se dirige en primer lugar hacia personas o grupos que pretendan cometer atentados terroristas, sino a gente que tiene puntos de vista radicales, a los que se define como propagadores de mensajes radicales«. En todos los paises europeos existen ya códigos penales que contienen artículos precisos sobre el terrorismo, lo que desenmascara esta iniciativa 8570/10 como una perseguidora de ideas, también según statewatch.org.
Fuente 1: Investigar-11S
Fuente 2: Tercera Información
Fuente 3: Despiertate Ya
Fuente 4: Movimiento Anti NWO
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